La Comunidad de Madrid recaudó 1.100 millones de euros más que Cataluña en el IRPF en 2019. Así se desprende de los últimos datos disponibles de recaudación real con uso de la capacidad normativa que tienen las autonomías que recoge el informe sobre La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2019, publicado ayer por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que actualiza las series de financiación homogénea de las comunidades de régimen común.

Esta diferencia al alza en favor de Madrid se produce a pesar de que Madrid es la comunidad que tiene los tipos del IRPF más bajos de España, tanto las horquillas altas como las bajas, estas últimas, con más potencial recaudatorio. Y a pesar de que Cataluña tiene un millón de habitantes más que la Comunidad de Madrid.

El informe también concluye que la diferencia entre los índices de financiación por habitante de las comunidades mejor y peor tratadas por el sistema de financiación autonómica, Cantabria y la Comunidad Valenciana, respectivamente, es de 24,8 puntos sobre un promedio de 100, con 116,9 y 92,1, distancia que se ha reducido desde que entró en vigor el actual modelo en 2009. Concretamente, el informe apunta a que en 2019 Cantabria recibió 3.321 euros de financiación efectiva de la caja común por cada uno de sus habitantes. La cifra supera en 702 euros los 2.618 euros por habitante que obtuvo la Comunidad Valenciana, la región peor financiada.

De media, cada región española recibió aquel año 2.833 euros por habitante, cifra por debajo de la cual solo se sitúan cuatro comunidades autónomas. Además de la valenciana, que está a 215 euros de dicha marca, se encuentran aquí Murcia (2.629 euros por habitante); Andalucía (2.718) y Castilla-La Mancha (2.751). En el resto de territorios la financiación es superior a la media nacional. En concreto, tras el liderazgo cántabro se encuentra La Rioja (3.211 euros por persona); Baleares (3.127 euros); Extremadura (3.086) y Canarias (3.081). Las demás se encuentran ya por debajo de los 3.000 euros por vecino.

Esta diferencia, medida en precios corrientes, de más de 700 euros de financiación por habitante entre las regiones más distantes del modelo contrasta con los 461 euros que separaban en 2002 a la autonomía mejor tratada, La Rioja (2.214 euros por persona), y la peor financiada, Baleares (1.663 euros). Conviene tener en cuenta, sin embargo, que el modelo de reparto de fondos entre territorios vigente en 2001 arrojaba ya diferencias de 708 euros en 2009, cuando se modificó por otro que rebajó la distancia máxima, entonces entre Cantabria y Canarias, a solo 570 euros.

Es más, aunque a precios corrientes la distancia ha subido, Fedea apunta a que, realizando una serie de ajustes por población, equiparación del esfuerzo fiscal y el coste público en función de la edad media de la población, la diferencia entre los índices de financiación por habitante entre las regiones mejor y peor financiadas habría bajado de 26,9 a 24,8 puntos gracias al modelo aprobado en 2009.

De otra parte, la financiación media por habitante ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años hasta superar en 2018 el umbral máximo de 2.673 euros alcanzado en 2007, desde cuando se produjo una importante rebaja debido a la crisis financiera. De hecho, ajustadas las cifras a la inflación y tomando precios constantes de 2015 el volumen precrisis aún no se habría recuperado.

En todo caso, la petición de revisión del sistema de financiación autonómica vigente desde 2009 es un clamor especialmente entre las regiones peor paradas: Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. De hecho, la ministra de Hacienda se comprometió en julio con el presidente valenciano, Ximo Puig, a retomar el rediseño del modelo en los próximos meses. Todo hace indicar, sin embargo, que el Gobierno no dará grandes pasos al menos hasta el próximo mes de febrero, cuando recibirá el informe encargado al comité de expertos para la reforma tributaria, dado que su pretensión es que la reforma de la financiación autonómica incluya una armonización tributaria entre regiones.