Los 27.000 millones en depósitos que guardan en los bancos ya superan los 26.000 millones que soportan de endeudamiento, según se recoge en su informe publicado este jueves sobre los presupuestos de las Administraciones territoriales. Los municipios son la parte del Estado que cuenta con unos ingresos más estables y menos sensibles al ciclo económico. El IBI y el impuesto de circulación no dejan de pagarse porque haya una recesión, es difícil escapar de ellos y son los únicos tributos cuya recaudación ha aumentado durante la crisis. Además, los consistorios pudieron ajustarse dejando de prestar muchos servicios que no les correspondían y que no eran esenciales. Y algunos expertos consideran que pueden estar algo sobrefinanciados para sus actuales competencias.

En términos agregados, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que preside José Luis Escrivá observa que las corporaciones locales han estabilizado el superávit anual en sus cuentas. En estos momentos se halla en una cifra del orden del 0,5% del PIB, unos 6.000 millones de euros. Y eso les ha permitido ir cancelando deudas y acumular fondos en las cuentas de las entidades financieras. Muchos alcaldes se quejan de tener ese dinero ahí aparcado, un problema difícil de explicar ante sus votantes. A pesar de que se han ido relajando los criterios para que los ayuntamientos puedan emplear parte de esos excedentes en un catálogo de inversiones financieramente sostenibles, el superávit no ha descendido. En buena medida porque las condiciones para poder invertir están bastante tasadas.

Y hay un motivo no confesado para ello: aunque de una manera un poco artificiosa, los distintos Gobiernos han aprovechado ese superávit para compensar en las cuentas públicas el elevado deterioro de las finanzas de la Seguridad Social. De modo que los números que presentan en Bruselas muestran así un saldo menos negativo. No obstante, en su informe sobre las cuentas de las entidades territoriales, la Autoridad Fiscal cree que ese superávit puede disminuir levemente debido a que el 30 de marzo se ampliaron las condiciones para poder invertir esos dineros. Pero ni aun así será fácil gastar esos fondos: el retraso en la constitución de los nuevos gobiernos locales tras las elecciones retrasará mucho las decisiones de inversión, sostiene la institución encargada de tutelar disciplina presupuestaria.

En cuanto a las comunidades autónomas, la Airef espera que vayan convergiendo este año hacia el equilibrio presupuestario. Y ve factible el objetivo del 0,1% de déficit en 2019. Sin embargo, dos de ellas, Valencia y Murcia, corren el riesgo de incumplir por mucho. Hasta en un punto de PIB. El caso de la Comunidad Valenciana es particularmente flagrante: ya elevó el desfase presupuestario en 2018 y ahora lleva en sus presupuestos medidas de gasto que podrían provocar otra vez un déficit superior. Es decir, en 2019 aumentaría el déficit público por segundo año consecutivo.

Aunque en menor medida, también presentan riesgos de incumplimiento Aragón, Extremadura y Castilla-La Mancha. La Autoridad Fiscal recomienda a Hacienda una evaluación de estas comunidades. Respecto a Valencia, la Airef advierte de que hará “un seguimiento particular” y reclama a Hacienda que la vigile. Sobre todo, porque el gasto está creciendo a tasas del 7%, bastante por encima de lo que crece la economía. Estos mayores gastos incluyen la reapertura del canal de televisión autonómico. La comunidad siempre se ha quejado de que está infrafinanciada y está a la espera de un nuevo sistema de reparto de los fondos autonómicos.

En términos de probabilidad, la Autoridad Fiscal estima que el objetivo del 0,1% de déficit es muy probable en Canarias, Navarra y País Vasco, las tres autonomías con unas condiciones especiales de financiación. Ve probable el cumplimiento en Asturias, Galicia y Madrid. Y lo considera factible en Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y La Rioja.

La Airef está, además, haciendo un seguimiento exhaustivo de 24 ayuntamientos con problemas de sostenibilidad a medio plazo. Hay más en mala situación. Pero esos son los peores que el organismo puede vigilar con los recursos que tiene. En general, estos siguen en circunstancias similares. No obstante, se aprecian mejoras en Gandía, Totana, Los Palacios y Villafranca e Isla Cristina. De confirmarse, su calificación mejoraría, subraya la institución.

Entre los grandes municipios, destaca el caso de Barcelona, que si bien no tiene problemas de deuda no cumplirá con la llamada regla de gasto, un límite a los desembolsos que se fija por la ley de estabilidad y que se determina en función del crecimiento a medio plazo de la economía española. Es decir, estaría gastando por encima de lo que es esperable que a medio plazo crezcan sus ingresos. También se señala al Ayuntamiento de Vigo, que no lograría ni alcanzar ni la meta de déficit ni ceñirse a la regla de gasto. Sevilla y L’Hospitalet incumplirían solo la regla de gasto.