La demanda de trabajos en los tres ámbitos que integran el concepto de ESG (siglas en inglés de Medioambiental, Social y Gobierno corporativo) va a ser uno de los principales motores de crecimiento de las firmas de auditoría en los próximos años. De ahí que un buen marco regulatorio sobre cómo verificar en las cuentas de las compañías toda la información relativa a estos conceptos sea su máxima preocupación. Con motivo de la celebración este jueves en Bilbao del XXV Congreso Nacional de Auditoría, estos profesionales reclamaron al Gobierno consenso y unas reglas homogéneas y claras para todos los actores.

Consideraron que la implementación del recientemente aprobado Reglamento de Directiva sobre Información sobre Sostenibilidad requerirá de un gran esfuerzo por parte de todas las instituciones implicadas si se aspira a tener éxito en el ambicioso objetivo que este reglamento se ha marcado: pasar del aseguramiento limitado con el que se viene trabajando actualmente, al aseguramiento razonable en la verificación de la información de miles de grandes empresas de la UE.

A este reto hay que sumar los que van a conllevar otras directivas pendientes de ser aprobadas, como la de Emisión de Bonos Verdes o la de Diligencia Debida, que van a generar nuevas obligaciones de reporte y una importante demanda de trabajos de aseguramiento.

De todo ello debatieron el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Ferrán Rodríguez, acompañado por el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Santiago Durán, el presidente de la Agrupación del País Vasco, Santiago Eraña, y la primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao, Amaia Arregi. Asistieron al Congreso más de 600 profesionales y más de 100 de firmas que representan a cerca del 90% de la facturación del sector.

A pesar de las diferentes crisis que se han sucedido en los últimos años, el número de trabajos de auditoría de cuentas ha continuado creciendo de manera sostenida y en 2021 se superaron por primera vez en España las 72.000. El ICJCE espera que este récord se vuelva a superar en 2022 y que la tendencia se mantenga gracias al aumento de la demanda de trabajos relacionados con la sostenibilidad.

"Las grandes empresas estarán obligadas por ley a presentar y verificar un importante volumen de información sobre aspectos ESG y también habrá oportunidades para los despachos menos grandes, ya que cada vez más las pymes, aunque sea de forma indirecta (para acceder a ayudas públicas, a licitaciones, a financiación, o por reputación), van a estar obligadas a hacer y verificar este tipo de reportes. También creemos que es un área de trabajo muy grande y que cada firma se especializará por sectores y nichos de mercado", destacó Ferrán Rodríguez.

Esta coyuntura será crucial para los profesionales más jóvenes. "Desde mi punto de vista la clave principal para que nuestros despachos puedan aprovechar esta oportunidad va a ser la captación y retención de talento: en estos primeros años de implantación de la norma seguramente el boom de demanda de este tipo de servicios va a requerir un número de expertos muy superior al que ahora mismo hay en el mercado y con perfiles muy diferentes a los que hasta ahora veníamos demandando en nuestras firmas", explicó Rodríguez.

Los auditores estuvieron de acuerdo en que la sostenibilidad puede aportar otro elemento positivo a las firmas multidisciplinares: mayor tamaño. "Creo que es muy positivo porque, como venimos diciendo desde hace tiempo, los despachos tienen que ganar tamaño para ser más competitivos", concluyó.