La nueva ley de Formación Profesional (FP), que será debatida en el Pleno del Congreso el próximo 16 de diciembre, plantea que todos los estudiantes realicen prácticas remuneradas en las empresas desde el segundo trimestre del primer año, tras haber recibido una formación en la prevención de riesgos laborales durante los primeros tres meses. El alumnado se beneficiará además de la subida del salario mínimo interprofesional, mientras que las empresas estarán obligadas por ley a firmar un contrato de formación, eliminando el sistema de becas. Así lo ha detallado Clara Sanz López, secretaria general de Formación Profesional a este diario. Aunque la propuesta aún debe ser aprobada, el Ministerio de Educación confía en que se valide con el apoyo mayoritario del Congreso, pues cuenta con el visto bueno tanto de la patronal como de los sindicatos mayoritarios.

Con la nueva reforma toda la formación será dual, lo que garantiza que cualquier estudiante de FP tendrá la posibilidad de complementar su periodo dentro de las aulas con las prácticas en la empresa. Como ya se había anunciado previamente, ese tiempo laboral cubrirá entre el 25% y el 35% en el caso de la FP general, y de un 35% en la FP intensiva, que no tendrá límite máximo. Hasta ahora, el mínimo de horas lectivas era de un 11% y el máximo de un 30%. La intención de Educación es que las empresas formen personal de acuerdo a sus necesidades en el tejido productivo, y a su vez ayuden a los estudiantes a identificar sus preferencias laborales. A ese criterio se suma la inmersión temprana en las empresas, pues según Sanz, “no es suficiente con el aumento del número de horas lectivas, hay que garantizar que el acercamiento profesional ocurre desde el inicio”. La propuesta contempla la remuneración de las prácticas, y aunque la secretaria no ha precisado el ingreso exacto, sí ha dicho que el sistema se beneficiará de la reforma laboral que actualmente negocia el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales y que, en teoría, debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre.

La propuesta es ambiciosa: pretende beneficiar hasta a 2,8 millones de personas anualmente entre nuevos alumnos formados y aquellos trabajadores que consigan acreditar su experiencia y obtener un título. Sumado a esto se busca reducir el paro, que en el caso juvenil roza la dramática tasa del 36%: el doble de la media europea. En este rublo se contempla al personal senior, que a fin de garantizar su empleabilidad podrá tomar los cursos de FP sin importar si están ocupados o desempleados. De esta forma, se unifica en un mismo sistema la formación para estudiantes y trabajadores. La oferta formativa contempla cinco niveles, de la A Parlamento la E. Las microformaciones tendrán categoría A, mientras que los títulos y cursos de especialización estarán reconocidos con una D o una E, el nivel más alto. Esta experiencia constará en el nuevo Registro Estatal de Formación Profesional.

Como adelantó el Gobierno en septiembre, la norma contará con una dotación de 5.474 millones de euros a desplegar en cuatro años, de los que unos 1.550 millones proceden de las ayudas europeas. Del total del presupuesto, 850 millones de euros se destinarán a la acreditación de las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación. La idea es que millones de españoles consigan un título en los próximos años. Su papel será clave para cubrir hasta 10 millones de plazas de empleo en España de aquí a 2030, según el último informe del Observatorio de la FP.

La ley contempla las figuras del tutor del centro y el tutor de empresa, la personalización del programa formativo para cada estudiante, la formación específica para profesorado y la rotación de alumnado por diferentes empresas. Según el Ministerio, son medidas que actualmente ya se llevan a cabo en distintas comunidades autónomas y que están volcadas en el informe de Buenas Prácticas de Formación Profesional Dual, publicado ayer por el Ministerio de Educación en colaboración con la Fundación Bertelsmann. Estas reformas están alineadas con las europeas. En palabras de Sanz, España “comparte con los países europeos la misma apuesta por una Formación Profesional de vanguardia como motor de cambio del modelo productivo y la empleabilidad”.