La industria de inversión está presionando para que las sicavs cuenten con un régimen de transición, sin peaje fiscal, que permita traspasar el dinero invertido en estos vehículos en instituciones de inversión colectiva (IIC) domiciliadas en España, de tal forma que el volumen patrimonial de 27.598 millones de euros que manejan en la actualidad -que representa el 9% de los activos bajo gestión entre fondos y sociedades de inversión españoles-, con datos de finales de 2020, se queden dentro del mercado doméstico y se pueda mantener la economía de escala que genera para las firmas de inversión nacionales. Además, les gustaría un período de permanencia mínimo para evitar fugas a medio plazo.

La gran preocupación que tienen los bancos españoles, dueños de la mayor parte de las sicavs, es que sus dueños decidan aprovechar las ventajas de la nueva norma, en trámite parlamentario todavía, para liquidar su sicav y mover su dinero a una IIC española, para posteriormente realizar un traspaso hacia otros productos internacionales, situación que dejaría a la industria de inversión española en desventaja.

En las enmiendas presentadas por el PSOE al proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal -que recoge los cambios normativos sobre las sicavs- se apunta un período transitorio de seis meses para los socios de aquellas sicavs que acuerden su disolución y liquidación, con el fin de facilitar el traslado de inversión a otras instituciones que sí cumplan los requisitos exigidos a partir de ahora a las sicavs, entre los que destaca que sólo se contabilicen entre los cien inversores exigidos para este tipo de sociedades a aquellos que cuenten con acciones por valor mínimo de 2.500 euros o de 12.500 euros en el caso de una sicav por compartimentos, con una duración de al menos las tres cuartas partes del período impositivo

Aunque la norma menciona claramente la Ley de IIC a la hora de realizar los traspasos, Inverco, la asociación profesional de gestoras, a la cabeza, está presionando para que se recoja más claramente un período de permanencia en las IIC a las que se trasvasara el dinero para reforzar la posición de las gestoras nacionales.

En las enmiendas presentadas por los socialistas también se contempla la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la disolución de estas entidades, y que los socios no integren en la base imponible del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades o sobre la Renta de no Residentes aquellas rentas derivadas de la liquidación, siempre que el total de dinero o bienes que les corresponda se reinvierta totalmente en la adquisición o suscripción de acciones o participaciones.

La incertidumbre regulatoria que rodea a las sicavs en los últimos años ha pasado factura al negocio. Muchas se han cerrado, mientras que otras se han transformado en sociedades anónimas o se han fusionado con otros fondos. A mediados de octubre del año pasado, Sebastián Albella, que por entonces presidía la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), describía en un acto que aún contaban en su registro con 2.467 sicavs, «aunque el conteo a la baja sigue» -tanto, que, a cierre de año, solo dos meses después, la cifra bajó hasta 2.434. «Concretamente, este año [en alusión al anterior] ha habido 103 bajas, y solo un alta. Espero que la incertidumbre que afecta a este subsector, que es tan interesante desde el punto de vista de nuestro sector de banca privada, desaparezca pronto y de una forma razonable», reclamaba entonces.

Al final, el saldo que dejó 2020 fue de 155 sicavs menos que en 2019. Nada nuevo en comparación a ejercicios anteriores: desde 2015, año en el que estas sociedades marcaron máximos tanto en número como en patrimonio, el número de sicavs se ha visto reducido en 938, y en 6.484 millones de euros menos en activos bajo gestión.