La deuda del conjunto de las Administraciones públicas con sus proveedores ascendió en 2020 a 83.356 millones de euros, un 39,4% más que la registrada en 2016. Estos datos del Banco de España han provocado la reacción inmediata de las pequeñas y medianas empresas que exigen que se les abone “de inmediato” esta deuda comercial.

La Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme) urge al pago de la deuda con los proveedores “dada la situación actual, cuando cierran 300 empresas al día, y en la que hay incertidumbre sobre la cuantía y los plazos de las ayudas directas”. Para la organización, la agilización en el pago es “una ayuda importantísima, equivalente a las directas, cuya tardanza va a ser importante”.

En Cepyme añaden que la Administración “en estos momentos tiene mucho más fácil endeudarse que las empresas”, con lo que la exigencia de un pago inmediato “no es pedir un imposible”. La patronal de las pymes, que lleva meses reclamando una solución al problema de la morosidad pública con sus proveedores privados, ha reaccionado así a los últimos datos sobre deuda comercial del Banco de España. “Lo peor, insisten en Cepyme, es que además va aumentando en cantidad”.

Efectivamente, la deuda comercial de todas las administraciones se ha incrementado paulatinamente desde 2016. Al cierre de 2020, el desfase de las facturas con los proveedores había crecido en 2.000 millones de euros respecto a 2019, aumento en valores absolutos que se viene observando desde hace ya un lustro. En términos de PIB, la deuda se situó en 2020 en el 7,4% mientras que el año anterior el porcentaje había quedado en el 6,5%. Sin embargo, en cuanto a este dato “hay que tener en cuenta que el PIB cayó tanto el año pasado, por lo que el efecto estadístico es mayor”, señalan fuentes de la firma Equipo Económico que elabora trimestralmente informes sobre la deuda de las Administraciones a proveedores.

Esta firma destaca en su último informe que la Administración central acumula la mayor parte de la deuda, más de 43.500 millones de euros, un 57,3%, mientras que las corporaciones locales acaparan el 20,4% (19.046 millones). Las comunidades autónomas y la Seguridad Social debían, al terminar el año 2020, unos 10.000 millones de euros, en ambos casos.

El problema es que, según los autores del informe, la relación entre el aumento del déficit público y la morosidad con los proveedores es evidente. “El importante desequilibrio presupuestario estaría ya motivando, como en crisis pasadas, el retraso adicional por parte de la Administración en el pago a proveedores”, afirma el documento. “Y lo malo es que el déficit público no va a bajar a corto plazo, por lo que hay que tener mucho cuidado con el pago a proveedores”, afirman los autores.

Uno de los aspectos que más han preocupado siempre a los proveedores es el de los periodos de pago. El informe recoge, con datos del Ministerio de Hacienda, que 2020 cerró con un descenso generalizado del periodo medio de pago (PMP) en todas las administraciones, excepto en la Seguridad Social donde aumentó en dos días. La explicación es que se cumple el precepto legal por el cual no se puede tardar más de 30 días en pagar una factura.