La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que agrupa a alrededor de un millón de pymes y autónomos, asegura que las distintas administraciones deben a sus proveedores más de 110.000 millones de euros. La cifra de esta "altísima deuda" se basa en los datos del Banco de España relativos al último trimestre de 2021, según esta organización.

Según la metodología estadística del instituto emisor y de la Unión Europea (UE), en este cálculo se hace referencia a las "obligaciones pendientes de pago" consolidadas, es decir, se excluyen las deudas pendientes de las administraciones públicas con otras administraciones.

La cifra de los más de 110.000 millones de euros es la más elevada de toda la serie histórica desde 2003 y supone un crecimiento del 28% con respecto al trimestre anterior. Esta organización, encabezada por el presidente de Pimec, Antoni Cañete, recuerda que se cumplen 10 años del plan de pago a proveedores y, entonces, la deuda ascendía a 91.313 millones. La entidad lleva años reclamando un régimen sancionador por incumplimiento de los plazos legales de pago. También ha destacado que si las administraciones pagaran en tiempo y forma no serían necesarios créditos ICO para empresas y autónomos.

"El panorama es desolador a todos los niveles", alerta Cañete. Según las estadísticas publicadas por el Banco de España sobre el balance financiero de entidades no financieras a cierre de 2021, en nuestro país el importe de créditos comerciales y anticipos por pagar de las sociedades no financieras asciende a 455.664 millones de euros frente a los 344.083 millones de 2014. "Dicho importe incluye facturas dentro y fuera del plazo legal, pero imaginamos que este incremento va aparejado con el aumento de la mora, ya que no se ajusta a la evolución del PIB", aclara.

En opinión del presidente de la PMcM, "ya es más importante el incumplimiento de las obligaciones de las Administraciones Públicas que lo que viene por los fondos 'Next Generation', y en breve se sumará la finalización de los créditos ICO y de la moratoria concursal". Esa es una advertencia que la plataforma reitera en las últimas semanas. Cañete ya lanzó este aviso: "la inflación, el final de la moratoria de la ley concursal y los cambios de condiciones de los créditos ICO podrían tener un efecto devastador en los plazos de pago, incrementando las empresas zombis y el riesgo de impago en un círculo vicioso casi sin retorno".

"Se están tomando medidas, pero no son suficientes. Ya explicamos que el plan de pago a proveedores de ayuntamientos lanzado en 2022 llegará solo a unos pocos, y en la tramitación de la Ley Crea y Crece deberían realizarse cambios para hacerla eficaz y eficiente. Hay que vencer la morosidad a golpe de acciones decisivas, como con un régimen sancionador que multe a las empresas morosas, o que las administraciones públicas comprueben que dentro de su cadena de pagos se cumpla la legislación contra la morosidad", explica.

Las empresas y entidades que forman parte de la PMcM acumulan una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros y dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos. Tras conseguir una norma que establecía unos plazos de pago por ley de 30 días cuando el pagador es una Administración y de 60 días entre empresas.

La principal batalla de este colectivo es conseguir un régimen sancionador ante el incumplimiento de los plazos legales, que ha estado a punto de aprobarse varias veces pero que finalmente no se ha materializado. El plazo medio de pago entre empresas fue el año pasado de 72 días, según los datos de la PMcM; y el de las Administraciones, de 61 días (el doble del establecido legalmente).