Los precios siguieron escalando posiciones en el mes de noviembre hasta cotas inéditas en tres décadas. El dato adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC), publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), arrojó una variación interanual del 5,6%, la más elevada desde septiembre de 1992. El incremento supone una considerable ralentización de la velocidad de aumento, de dos décimas frente al 5,4% alcanzados en octubre, cuando el ascenso fue de 1,4 puntos.

Con todo, y a falta de que el INE confirme la cifra preliminar a mediados de mes, el indicador permite anticipar ya que la revalorización de las pensiones públicas para 2022 rondará el 2,5%, y que, incluyendo la paga de compensación por el poder adquisitivo perdido este año, la factura en estas prestaciones se encarecerá en más de 6.000 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que la reforma de las pensiones que está tramitando actualmente el Parlamento sobre el texto pactado por el Gobierno con patronal y sindicatos supone volver a indexar las pensiones públicas al IPC, en concreto, al dato anual medio de noviembre a noviembre. Como resultado, la inflación media resultante este año es del 2,5%. Teniendo en cuenta que el Ejecutivo calcula la factura de las pensiones a razón de 1.470 millones de euros extra por cada punto de subida del IPC, la revalorización ascendería a 3.675 millones.

A esta cifra habría que sumarle la llamada paguilla compensatoria del sistema anterior por la desviación entre la subida inicialmente aprobada para 2021, que fue del 0,9%, y la evolución real de los precios. Tomando como referencia la media de noviembre, este abono supondrá otros 2.353 millones de euros, que quedarán consolidados en la nómina de las pensiones (se paga de una vez, pero se queda para siempre y los siguientes incrementos parten de esta nómina actualizada).

Como consecuencia de la inflación, por tanto, la factura pública en pensiones se eleva en unos 6.027 millones. A efectos presupuestarios, en todo caso, el Ejecutivo está tratando de cargar el coste de la indexación en las cuentas de 2022 mientras que anticiparía a 2021 el impacto de la paguilla a fin de imputar su coste en el déficit público de este año para ayudar a relajar el del próximo ejercicio.

El incremento interanual de la inflación del mes de noviembre, que en términos mensuales fue del 0,4% encadenando su cuarta subida consecutiva, responde tanto al efecto estadístico de comparar con el mismo mes de 2020, marcado por la caída del consumo que trajo la pandemia, como por el galopante avance de los precios de la energía. “En este comportamiento destacan las subidas de los precios de la alimentación y, en menor medida, los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a los descensos registrados en noviembre del año pasado”, aclara el INE. De hecho, la tasa de inflación subyacente, que deja fuera elementos más volátiles como los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se sitúa en el 1,7%. Una tasa elevada, pero que indica que el repunte de electricidad y gas explica prácticamente cuatro puntos del aumento del IPC general.

El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones será automático con la ley que ultima el Parlamento, sin embargo, los salarios no tienen esta garantía ni mucho menos. Ni siquiera la mayoría de los que se negocian en los convenios, por lo que el repunte de la inflación –de no ser coyuntural como opinan desde el Gobierno– se trasladará en una muy perceptible pérdida de poder de compra de los trabajadores.

El alza salarial que se está pactando en los convenios es del 1,55% para 6,5 millones de trabajadores, una cantidad muy inferior al repunte actual de los precios (5,6%) e incluso un punto por debajo de la media del IPC de los últimos doce meses (2,5%). Esto se agrava por el escaso porcentaje de empleados con cláusulas de revisión para compensar el alza de la inflación (apenas el 17%).