Las empresas que reciban las ayudas directas de hasta 200.000 euros del fondo de 7.000 millones de euros creado por el Gobierno no podrán echar el cierre hasta junio de 2022, ni pagar dividendos y aumentar el sueldo de sus directivos durante dos años, o tendrán que devolver el dinero. Esta es una de las principales novedades del plan de 11.000 millones en apoyos al sector privado que el Consejo de Ministros ha aprobado por fin este viernes, tres días más tarde de lo que tenía previsto, más de dos semanas después de que lo anunciase Pedro Sánchez, y tras muchos meses de peticiones cada vez más apremiantes por parte de las autonomías, el Banco de España, las entidades financieras y todo tipo de patronales empresariales.

Su ruego ha sido finalmente atendido, pero aún quedan muchos detalles por concretar y el dinero tardará aún más de un mes como mínimo en llegar a las compañías. «Hemos actuado en el momento adecuado, como hemos hecho desde el principio, para evitar un coste mayor en el futuro», ha afirmado pese a todo la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, quien en cualquier caso ha reconocido que la recuperación se está desacelerando y que España tiene por delante «semanas muy complicadas».

Las ayudas directas se van a distribuir a través de las comunidades, después de que los Ministerios de Economía y Hacienda hayan impuesto su criterio a otros departamentos controlados por el PSOE y Podemos. El Gobierno se ha dado 40 días para firmar convenios con los gobiernos autonómicos y transferirles el dinero. Pero los plazos podrían retrasarse aún más si las comunidades no tienen listo para entonces todo el engranaje administrativo necesario para conceder las subvenciones a fondo perdido a las firmas de su región.

El dinero cubrirá hasta un 40% de la caída de ingresos de las microempresas y autónomos (con hasta 10 empleados) y un 20% para el resto de compañías, con una cantidad fija de 3.000 euros para los trabajadores por cuenta propia que tributen en régimen de estimación objetiva (módulos) y un rango de entre 4.000 y 200.000 euros para el resto. El Gobierno, así, se ha quedado muy lejos de los hasta 10 millones de euros por empresa que permite la Comisión Europea. Fuentes gubernamentales argumentan que con los límites fijados ya se cubre a la mayor parte del tejido empresarial español, mayoritariamente formado por empresas pequeñas y autónomos, y que también se han tenido en cuenta las otras medidas dispuestas por las distintas administraciones desde que estalló la pandemia, ya que el límite de los 10 millones se aplica al conjunto de apoyos recibido por las empresas.

Las ayudas directas llegarán a compañías que hayan perdido al menos un 30% de sus ingresos en 2020 frente a 2019 (la Agencia Tributaria facilitará la información a las autonomías) y permitirán cubrir costes fijos no abonados entre marzo del año pasado y el cierre del 2021, como pagos a proveedores, suministros (luz y agua, por ejemplo), salarios, alquileres, o la reducción de la deuda financiera. Las autonomías podrán fijar criterios adicionales para recibir las ayudas, dentro de los parámetros generales fijados por el Gobierno.

Las empresas beneficiarias tampoco podrán estar en concurso de acreedores o haber cesado su actividad en el momento de solicitarlas, deberán estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y no podrán tener su domicilio social en un paraíso fiscal. Al contrario que con los ERTEs, el Gobierno no ha fijado una obligación de mantenimiento del empleo, si bien confía en que la condición de mantener su actividad hasta el verano del año que viene suponga en la práctica la supervivencia de la mayoría de los puestos de trabajo.

Las ayudas van a tener un componente territorial y sectorial. Canarias y Baleares, así, recibirán 2.000 de los 7.000 millones por ser las comunidades económicamente más afectadas por el coronavirus por su dependencia del turismo y podrán dar ayudas de una cuantía superior al límite general. El resto de autonomías se repartirán los 5.000 millones restantes según los criterios que se utilizaron para la distribución de los fondos europeos React EU (caída del PIB, paro y desempleo juvenil). En aquel caso, a Catalunya le correspondieron un 17,1% de los 10.000 millones distribuidos, pero el mayor peso de las islas puede rebajar en esta ocasión el porcentaje a entre el 12% al 14%, según algunas estimaciones provisionales no confirmadas por el Gobierno. Hacienda publicará en los próximos días una orden ministerial con el reparto.

En cuanto a los sectores, hay una lista de casi 100, que incluye a la hostelería, la restauración, el comercio al por mayor y minorista, la industria manufacturera relacionada con el comercio y la hostelería, sectores auxiliares al transporte, mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionadas con la cultura y el deporte.