Las empresas cotizadas que lo deseen podrán seguir presentando sus informes financieros trimestrales, pero aquellas a las que les suponga “una carga excesiva” o que perciban que su publicación les provoca “sufrir presiones “cortoplacistas” por parte del mercado podrán dejar de hacerlo. Esta es una petición que había hecho reiteradamente el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, puesto que España es una isla en Europa en cuanto a esta obligación.

España es uno de los pocos países de la UE que exige información financiera a cierre de marzo y de septiembre. Europa, a través de una directiva publicada en noviembre de 2013, eliminó la obligación de que las empresas cotizadas la obligación de publicar una declaración intermedia o un informe financiero trimestral, si bien España fue el único país, junto con Polonia y Rumanía que lo siguen exigiendo.

El Ministerio de Economía ha sacado a audiencia pública hasta el próximo 14 de junio, el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras, para adaptarlas a la normativa europea en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las cotizadas, como ha publicado Efe.

Otra novedad se refiere a las obligaciones de los grandes inversores. Los fondos de inversión europeos cuentan con un patrimonio de más de 15 billones de euros, unas 12,5 veces el PIB español. Y una parte importante de este dinero está en Bolsa, pero solo en excepcionales ocasiones los gestores dan explicaciones sobre cómo votan en las juntas de accionistas de las compañías en las que participan. Una vez aprobada la norma, será obligatorio que los fondos de inversión, los de pensiones y las aseguradoras de la Unión Europea se expliquen detalladamente.