La Comisión Europea presentó la semana pasada su legislación sobre inteligencia artificial. La propuesta, que aún debe ser debatida y aprobada, es el primer marco legal del mundo que describe cómo las empresas y los gobiernos pueden utilizar esta tecnología, que pasa por ser una de las más transformadoras del mundo. Según las autoridades comunitarias, el nuevo reglamento pretende “garantizar la seguridad” y “fortalecer la inversión en IA en la UE”, pero las reglas que establece -prohíbe algunos usos, fija estrictas obligaciones para otros y marca fuertes multas en caso de infracción- tendrán un enorme impacto.

Y no solo para las empresas de tecnología, incluidas Amazon, Google, Facebook y Microsoft, que han invertido mucho dinero en el desarrollo de inteligencia artificial. También para muchas otras empresas que utilizan la tecnología en atención médica, seguros, finanzas, procesos de contratación, y para los gobiernos que igualmente hacen uso de ella.

Daniel Pope, CEO y fundador de Submer, se muestra “totalmente partidario de regular” la inteligencia artificial porque “permitirá dar garantías de calidad y seguridad a una industria que está creciendo a un ritmo increíble y de la que no vemos aún ni la punta del iceberg. La IA tiene un potencial que ahora mismo no somos capaces de entender, y está claro que los riesgos son muy variados y enormes, así que hay que poner límites y un control proporcional al riesgo que puede conllevar”.

Algunas voces apuntan que la regulación europea a la IA podría sofocar la innovación. Ramon Villot, responsable de Legal de FacePhi, no lo cree así. “Lo que sí será es un reto para las empresas. Quizás no puedan innovar aquellas que quieran desarrollar tecnologías invasivas, pues lo siento, pero yo no quiero estar en ese grupo”, dice mientras aplaude que se establezcan líneas rojas “para evitar usos indebidos de la IA. Concretamente en biometría, que es nuestro sector”.

Algo similar opina Moisés Martínez, responsable de Inteligencia Artificial en Paradigma Digital, del grupo Indra. “Es posible que la regulación pueda limitar la innovación, pero sobre todo lo que logrará es acabar con la innovación de quienes no tienen en cuenta los criterios éticos. Ya hay un montón de aplicaciones que utilizan la IA y que están sesgando a la población por el mero hecho de que el algoritmo no está bien construido”, señala mientras cuenta cómo la IA se está utilizando ya para determinar si una persona es apta o no para un empleo o para que se le conceda un crédito bancario.

“Pero se puede llegar a más. En China, por ejemplo, se está utilizando para calificar a las personas según unos estándares definidos por el Gobierno y darle prioridad a la hora de acceder a una serie de servicios. Con esta legislación, vamos a poder evitar que surjan aplicaciones como esta en Europa”, subraya.