Fuentes del sector explican que parte de su preocupación proviene de que se prorrogue en 2022 el nuevo mecanismo que recorta la retribución que obtienen por el encarecimiento del gas, si no se reconduce la situación actual de elevados precios en el mercado mayorista. A pesar de que el mercado de futuros prevé que el precio del gas se estabilice durante el inicio de 2022, dudan de que se sitúe por debajo del suelo que ha fijado Transición Ecológica, o al menos en niveles similares.

En concreto, el real decreto limita el efecto de esta medida, ya que solo tiene en cuenta los beneficios que obtengan las empresas por encima de 20 euros el megavatio hora [precio medio del gas en los últimos años]. Se trata de un suelo que intenta garantizar que se cubran los costes mínimos. En este sentido, el sector considera que es muy bajo este ‘suelo’ de 20 euros/MWh para el gas, a partir del cual se aplicarán los recortes. La patronal eléctrica Emelec ya avisó este martes, poco después de conocer el decreto del Gobierno, que “se les va a imponer una reducción de ingresos de unos 65 €/MWh, que se suman a la minoración de los ingresos derivados de la subida de precios del CO2 (ahora en fase de proyecto de ley, tramitándose en el Congreso de los Diputados) del entorno de otros 10 €/MWh”.

Todo ello, a su juicio, “tiene un enorme impacto en la estabilidad de un sector que, ni es responsable de esta situación ni se está beneficiando de ella, algo que puede comprobarse observando el valor en bolsa de las empresas a pesar del encarecimiento de los precios a lo largo de 2021”. Las grandes eléctricas han perdido más de 7.000 millones de euros en capitalización bursátil en los dos últimos días, tras conocerse el plan de choque del Gobierno para evitar la subida de la factura de la luz, que incluye un nuevo recorte de beneficios para las eléctricas.

Por su parte, el Gobierno estima que para marzo del próximo ejercicio concluya el actual rally en el precio del gas. En esta línea, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, salió ayer al paso de las quejas de las eléctricas a través de la patronal Emelec y resaltó que no peligra su rentabilidad. Remarcó en TVE que las nuevas medidas tienen “un carácter temporal, asociado al tiempo que los analistas calculan que durará esta situación extraordinaria”.

Según Ribera, las referencias suelo en costes de CO2 y gas natural están equiparadas a las cifras que las propias compañías manejaban en marzo de 2019 y esos umbrales se han respetado. También aseguró que en la factura de septiembre ya se verá reflejada una disminución en la partida de costes fijos, en concreto en los cargos –destinados a financiar parte de los costes del sistema–, así como en los impuestos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió también ayer el plan de choque y resaltó que el Ejecutivo siempre antepondrá el interés de la ciudadanía a cualquier interés personal y “ante cualquier presión particular”.

Por otro lado, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), advirtió ayer también de que el real decreto ley podría provocar la paralización de aquellas instalaciones con coberturas de precios y contratos privados de compraventa de energía. “Al entrar en vigor el Real Decreto Ley 17/2021, cientos de plantas en España se verán abocadas a vender con importantes pérdidas, a denunciar los contratos e, incluso, a paralizar su producción durante el periodo de vigencia de la norma”, denunció.