El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley (RDL) que incluye una rectificación o “desarrollo” del aprobado el 14 de septiembre, con el que el Ministerio para la Transición Ecológica pretendía recaudar 2.600 millones de euros en seis meses mediante la minoración de los ingresos extraordinarios que, debido al precio marginal del gas, recaudan las grandes eléctricas que generan energía nuclear e hidráulica.

Se trata de una norma con medidas de choque (incluía también una reducción del impuesto especial de la electricidad del 5% al 0,5%) destinadas a paliar la escalada de los precios del mercado mayorista de la electricidad (pool). La recaudación derivada del recorte a las grandes eléctricas se destinaría a la rebaja de los cargos de los peajes de la factura de la luz de los consumidores, que se aplica desde la aprobación del RDL.

El revuelo provocado por la norma, que establecía la minoración para todo tipo de contratos bilaterales, fuese del tipo que fuese, derivó en dos rectificaciones del ministerio: una a través de una carta al operador del sistema, REE, en la que dejaba fuera de la minoración a los contratos bilaterales entre productor y consumidor final (como los PPA), y otra, la aprobada ayer, en que también deja fuera a los bilaterales entre una generadora y una comercializadora de un mismo grupo empresarial.

Endesa e Iberdrola, las principales afectadas por el recorte, han insistido en que sus contratos internos son a plazo fijo y no recoge los windfall profits del gas y que la detracción iba a ser un mazazo para su cuenta de resultados y la imposibilidad de renovar los contratos a la industria, salvo recurriendo al pool y cobrando su precio, en las últimas semanas por encima de 200 euros/MWh. El Gobierno comprendió que la medida “se cargaba” los PPA y que, legalmente, tan bilaterales eran estos contratos como los intragrupo.

A falta de conocer la nueva fórmula de minoración, que deroga la del RDL de septiembre (todo ingreso las inframarginales superior a un precio del gas superior a 20 euros/MWh, ajustado con ciertos parámetros), Transición Ecológica informó de que, respecto a los contratos a plazo, el RDL “precisa el ámbito de la aplicación de la minoración temporal de los beneficios extraordinarios de las centrales de generación que no soportan los costes del gas repercutidos en el mercado mayorista aprobada en el plan de choque”.

Además, añade, “para aportar una mayor seguridad jurídica, se establece que la minoración no afectará a la energía de las instalaciones cubiertas con algún instrumento de contratación a plazo, cuando el precio de la cobertura sea fijo, se haya contratado antes del 16 de septiembre o cuando tenga una cobertura superior a un año en el caso de firmados después de esa fecha”. Para demostrar que la energía está bilateralizada y no se vende en el pool, “los productores susceptibles de ser minorados tendrán que remitir una declaración responsable y documentación acreditativa sobre la energía cubierta por instrumentos de contratación a plazo cuyo modelo se incluye en el RDL”. Y señala que “la inexactitud o falsedad en la documentación aportada tendrá la consideración de infracción muy grave, de conformidad con lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico”.

En general, se impone una mayor transparencia en los contratos. Según recuerda el ministerio, “en el mercado mayorista de la electricidad existe la obligación de que los productores y comercializadoras informen periódicamente a la CNMC sobre los instrumentos de contratación a plazo, tanto físicos como financieros, que tengan rubricados entre las sociedades del mismo grupo empresarial o con terceros. Al menos, deberán facilitar la fecha de la firma del instrumento de cobertura, la de entrega o liquidación de la energía, el volumen de energía afectada, así como el precio y el perfil del tipo de producto negociado”.

A través de lo que se considera un incentivo negativo (precios al margen del pool para no ser minorado), el Gobierno espera lograr precios razonables para la industria. Ayer no desveló el precio que considera “razonable”. El real decreto ley (RDL) incluye una ampliación del bono social de la luz durante seis meses para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, así como una ayuda directa para calefacción, cocina y agua caliente sanitaria (el llamado cheque térmico), que oscila entre los 25 y los 124 euros, dependiendo de la zona climática, y una media por usuario de 90 euros.

El Ministerio para la Transición Ecológica vendió estos beneficios como la medida estrella del RDL, para hacer sombra a la rectificación relativa al recorte de las eléctricas. Para esos dos tipos de consumidores, el descuento en el PVPC pasará del 25% al 60%, en el primer caso, y del 40% al 70%, en el segundo. Se consideran vulnerables los consumidores con rentas bajas o con circunstancias especiales (como recibir una pensión mínima, estar desempleado o incluido en un ERTE).

Disfrutan del bono social 1,2 millones de hogares. Los perceptores del bono social eléctrico también reciben el bono social térmico. El nuevo cheque supondrá añadir 100 millones de euros adicionales al actual, con lo que la ayuda total asciende a 202,5 millones. En este caso, los fondos proceden de los Presupuestos del Estado, mientras que el coste del bono eléctrico lo asumen todas las comercializadoras. En el caso del vulnerable en riesgo de exclusión social, que no paga, hay una aportación de las comunidades autónomas. Estas son las responsables de enviar el cheque térmico a quien le corresponda.