El Gobierno considera la lucha contra el fraude como una prioridad y exhibe los datos de recaudación en esta materia, con récord casi cada año, como prueba. Sin embargo, al mismo tiempo, las denuncias por delito fiscal que realiza la Agencia Tributaria siguen una tendencia descendente que se agrava cada ejercicio. De hecho, en 2016 las áreas de inspección y de aduanas del organismo que dirige Santiago Menéndez presentaron 226 de estas demandas, lo que supone un 33% menos que las emitidas en 2015 y un desplome del 78% respecto a las 1.014 registradas en 2011, año en que se alcanzó la cifra récord. Desde entonces las denuncias acumulan cinco ejercicios de retrocesos, según consta en la Memoria de la Agencia Tributaria publicada este lunes.

La reducción del número de denuncias no es nueva, pero parecía haberse ralentizado en 2015, cuando la caída fue del 12,8%. Sin embargo, los datos del pasado ejercicio muestran que el retroceso se acelera exponencialmente al duplicarse el ritmo de caídas. Este menor número de denuncias tiene su reflejo en una disminución de la cantidad defraudada que la Agencia Tributaria reclama por estos delitos. En concreto, el año pasado pidió 278 millones, frente a los 442 millones de 2015. Es decir, un significativo retroceso del 37%. Sin embargo, el hundimiento se multiplica y alcanza el 69,4% al compararse con los 909 millones que Hacienda reclamó en 2011.

Con estos datos, el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) criticó de nuevo la opacidad de los datos de la lucha contra el fraude al considerar que pese a las grandes cifras «ocultaban» un retroceso de las denuncias por delito fiscal -la cantidad defraudada debe superar los 120.000 euros para tener esa tipificación-. En este sentido, Gestha ha propuesto en reiteradas ocasiones que se rebaje ese límite a 50.000 euros. Para este sindicato, los datos podrían significar que los esfuerzos de la Agencia Tributaria se centran más en los casos de fraude que afectan a pequeños contribuyentes físicos o jurídicos que a las multinacionales o grandes fortunas implicadas en supuestos casos de evasión fiscal como los ‘Papeles Paraísos’ o de Panamá. Asimismo, otra de las causas puede estar en el recorte de plantilla de un 9% desde 2008.

Sin embargo, desde la Agencia Tributaria justifican esta caída de las denuncias por el contexto económico de los años que se investigan. En concreto, fuentes de la Agencia Tributaria recuerdan que los datos de 2011 implican las investigaciones abiertas en los cuatro años anteriores no prescritos. Unos ejercicios que estaban afectados por la gran actividad inmobiliaria de los años de bonanza y, por tanto, el volumen de fraude era más elevado. En este sentido, las mismas fuentes sostienen que la reducción de actividad en ese importante sector, consecuencia de la contracción económica y la crisis, ha hecho que ese tipo de expedientes se hayan reducido sensiblemente.

Sin embargo, ese argumento no explica el retroceso superior al 30% vivido en el último año. Por ese motivo, fuentes del organismo también consideran que existe otra razón para este descenso. En concreto, recuerdan que 2016 fue el primer año en el que estuvo en pleno funcionamiento la reforma en la tramitación del delito fiscal contemplada en la reforma de la Ley General Tributaria de 2012. Entre otras novedades la normativa permite a la Agencia Tributaria practicar una liquidación provisional en relación a los expedientes en los que se aprecia delito, así como a efectuar el cobro de la deuda cuantificada en esa liquidación, sin perjuicio de que se inicie la tramitación penal.