Los Gobiernos se han sobrepuesto al shock de la covid estirando el gasto para apuntalar los servicios públicos y sostener las rentas de familias y empresas. El grueso de este esfuerzo en España ha recaído en el Estado central, que ha regado a las comunidades autónomas con más dinero que nunca para que blindaran los servicios básicos. Un manguerazo de miles de millones que ha servido para contratar profesionales, comprar material y reforzar las ayudas sociales. Y que, junto al viento favorable de la recuperación, contribuye a alcanzar un hito histórico, pero a la vez paradójico, por producirse en medio de una tormenta que aún no ha amainado: cerrar el desfase crónico en las cuentas públicas regionales. Es decir, sus ingresos superarán sus gastos.

Las autonomías cerrarán 2021, previsiblemente, con su primer superávit fiscal de la serie histórica de Hacienda, que arranca en 1995. Hasta septiembre, últimos datos disponibles, el saldo presupuestario autonómico era positivo en más de 9.000 millones. Un resultado inédito que equivale al 0,76% de la riqueza nacional —frente a un déficit del Estado del 4,4% del PIB— y que está muy lejos de las previsiones del Gobierno, que estima que las comunidades registrarán un agujero del 0,6% para 2021.

Según Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), mucho gasto tendría que imputarse las autonomías en la recta final del año para que esos números rojos se materializaran. Al contrario, este experto prevé que lograrán en 2021 el primer superávit de su historia (gastarán menos de lo que ingresen). “La Administración central ha querido absorber todo el shock de la covid y ha dado a las comunidades más dinero del que necesitaban. Eso tiene un problema: las autonomías se olvidan de la responsabilidad fiscal. Ante cualquier contratiempo tienden a esperar que el Estado les rescate, en vez de pensar en cómo tendrían que ajustar sus ingresos y gastos”, advierte.

La mejor marca conseguida hasta ahora es el saldo negativo del 0,1% del PIB de 2006, en plena euforia inmobiliaria. El segundo mejor registro, siempre del -0,1%, se dio en 2004. Y el tercero, paradójicamente, el año pasado, cuando la covid asestó a la economía el peor golpe desde la Guerra Civil: según los datos de Hacienda, el desfase regional fue del el 0,2% del PIB, frente a una caída de la actividad que rozó el 11%.

La estimación del Gobierno también es peor que la de la Autoridad Fiscal (Airef), que acaba de mejorar en dos décimas su previsión de déficit autonómico para 2021 (del 0,4% del PIB al 0,2%) gracias al tirón de la recaudación y a las transferencias estatales. Y eso que el organismo público creado para velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas avisa de que las comunidades están gastando más porque están inmersas en la negociación del sistema de financiación y no quieren salir demasiado bien en la foto cuando se van a repartir nuevos recursos. Un reciente informe de Fedea, confeccionado con datos del primer semestre, prevé un desajuste aún menor, del 0,1%.

El estudio, elaborado por los economistas Ignacio Conde-Ruiz, Manuel Díaz, Carmen Marín y Juan Rubio-Ramírez, coincide en que la mejora de las cuentas no se debe a una reducción del gasto, sino a un alza de los ingresos. Estos están siendo empujados por una “recaudación excepcional” de los tributos cedidos, en parte debida al efecto rebote tras el batacazo de 2020 —transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, vinculados al mercado inmobiliario, repuntaron un 50,9% hasta julio; sucesiones y donaciones, cuya liquidación se aplazó en los meses más duros de la emergencia sanitaria, creció un 105%—, y a fondos extra de la Administración central.