El Gobierno quiere obligar a las empresas a hacer un importante ejercicio de transparencia sobre la igualdad laboral entre ambos sexos. Se trata de garantizar la equiparación salarial y de derechos entre los hombres y las mujeres que tienen la misma responsabilidad y las mismas funciones dentro de la compañía. Así se desprende de las propuestas que ha realizado el Gobierno a la patronal y a los sindicatos en la mesa de calidad en el empleo.

Hay que tener en cuenta que la desigualdad laboral entre ambos sexos es uno de los problemas que más afectan al mercado de trabajo. Incluso, la mayoría de los estudios apuntan que la diferencia media retributiva entre los hombres y las mujeres, para un mismo puesto de trabajo y responsabilidad, pueden alcanzar hasta el 30% a favor de los varones.

Por lo tanto, en primer lugar, el Ejecutivo quiere que las empresas informen a los trabajadores sobre estos aspectos. Así, añadirá un nuevo punto en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores que diga lo siguiente: «Los trabajadores tienen derecho a solicitar información escrita sobre los componentes y la cuantía de la retribución». En particular, «sobre los componentes salariales variables, así como los pagos en especie, correspondientes a trabajos de igual valor, [con la información] desglosada por sexos».

Se trata de acotar la posibilidad de que la empresa haga discriminación salarial entre ambos sexos en este tipo de retribución variable, que puede estar menos controlada por los sindicatos. Incluso, fuera de convenio.

Además, el Gobierno quiere que las empresas «informen a los representantes legales de los trabajadores [el comité y los delegados] con una periodicidad al menos anual sobre las retribuciones de los grupos profesionales, las categorías y los puestos de trabajo, desglosada por sexos».

Es decir, directamente, el Ejecutivo introduce la lucha contra la desigualdad laboral como materia de la negociación colectiva.

Para complementar estas medidas, el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales otras dos reformas para las empresas. Con la modificación del artículo 46 de la Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, de 2007, las grandes sociedades -de más de 250 trabajadores- tendrán que realizar una auditoría salarial «con el contenido y periodicidad que se establezca en el plan de igualdad de la empresa».

El objetivo de las auditorías será evaluar si son eficaces y adecuadas las medidas adoptadas por las empresas para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan de igualdad de la empresa. Especialmente, en lo que se refiere a la equiparación salarial.