Casi todos coinciden en que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las reglas fiscales que controlan el déficit y la deuda de los países, necesita mejoras. Sin embargo, los cambios no significan lo mismo en Holanda y España, o en Alemania y Francia. Para unos, la revisión del Pacto, o más bien de los paquetes legislativos que lo articulan, debe incorporar sendas de reducción de la deuda menos draconianas y dejar más hueco a las inversiones verdes, para reflejar el impacto de la pandemia en el endeudamiento nacional y nuevas prioridades como los miles de millones necesarios para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Para otros, es necesario terminar con las numerosas excepciones que han agujereado su cumplimiento a rajatabla.

Los ministros de Finanzas de la UE tocarán de pasada este tema durante su reunión informal este fin de semana en Kranj (Eslovenia). Pero el prólogo a la que será una de las batallas políticas más cargadas de los próximos años llegará el próximo miércoles, con el discurso sobre el estado de la UE que realizará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Fuentes comunitarias comentan que la reforma de las reglas fiscales será uno de los puntos de su intervención en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, tal y como se lo han pedido grupos políticos como los Socialistas y sus comisarios económicos.

La apertura oficial del proceso de reforma llegará en octubre, cuando se espera que la Comisión relance la consulta pública que abrió justo antes de la pandemia, para recoger las opiniones sobre cómo modificar las normas. En paralelo, la Comisión sondeará la opinión de los Estados miembros, para intentar armar una propuesta que genere el suficiente consenso. Fuentes comunitarias indican que la propuesta llegará probablemente en la primavera del año que viene.

Uno de los puntos sobre los que más consenso existe es la simplificación de las normas, eliminando indicadores difícilmente observables (como la brecha de producción). Algunos diplomáticos de los socios del norte, recelosos de aflojar el corsé normativo al gasto del sur, están dispuestos a explorar que se definan sendas de ajuste más personalizadas a la situación económica y la posición de las cuentas públicas de cada país.

Más complicada se plantea la inclusión de una cláusula para favorecer prioridades como la inversión verde, como pide el Consejo Fiscal Europeo, socios como España o el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Los críticos consideran que incluir esta cláusula abriría la mano de nuevo a excepciones e interpretaciones, lo que complicaría la aplicación del Pacto.

Los presupuestos para 2022, que enviarán este octubre a Bruselas los Estados miembros, continuarán sin controles al gasto para consolidar la recuperación tras el impacto del Covid-19 y las nuevas olas que se puedan producir. Sin embargo, entre algunas fuentes comunitarias se empieza a percibir un cambio de tono en el debate. No solo sobre la necesidad de que las ayudas actuales deban ser más precisas, para los sectores más afectados y firmas viables. Algunos incluso parecen lamentar que es “demasiado tarde” para corregir la suspensión del Pacto de Estabilidad en 2022.