La Unión Europea ha reducido a nueve jurisdicciones su lista negra de paraísos fiscales en pleno debate por la publicación de los Papeles de Pandora, una investigación que ha revelado la elusión fiscal de decenas de políticos, empresarios y artistas. Fue además la misma reunión en la que la Comisión Europea dijo estar segura de que en este mes se cerrará el acuerdo internacional para la tributación de las multinacionales. El pacto busca fijar un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades del 15% a nivel global para desalentar el uso de paraísos fiscales, así como adaptar el modo en que se asignan los beneficios de las grandes multinacionales para asegurar que tributan donde realmente tienen actividad.

Los ministros de Economía y Finanzas del bloque (Ecofin) han aprobado la salida de Anguila, Dominica e Islas Seychelles del listado porque el foro global les concedió una “revisión suplementaria”, según ha informado el Consejo de la UE. Estos tres territorios formaban parte de la lista negra europea porque no cumplían con los estándares fijados a nivel de la OCDE sobre intercambio de información tributaria. Sin embargo, con esta actualización pasan a la lista gris de paraísos fiscales, en la que se incluyen aquellos países que tienen regímenes dañinos para la UE pero que se encuentran en proceso de cambiarlos. Comparten el sitio con otros 11 países: Barbados, Costa Rica, Hong Kong, Jamaica, Maldivas, Malasia, Macedonia del Norte, Qatar, Tailandia, Turquía y Uruguay.

En la lista negra se quedan Samoa Americana, Fiyi, Palau, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas y Vanuatu, “países no pertenecientes a la UE que fomentan las prácticas fiscales abusivas, las cuales erosionan los ingresos del impuesto de sociedades de los Estados miembros”, según explica el propio Ecofin.

Desde que la UE empezó con la publicación a finales de 2017, la lista de los paraísos fiscales se ha reducido a la mitad, pues comenzó con 18 jurisdicciones. Esta rebaja ha traído diversas críticas relacionadas con los criterios de inclusión. Oxfam Intermón, por ejemplo, se queja de que en la lista no aparezcan “los paraísos fiscales reales” porque no incluye a ninguno de los 12 países del mundo con un tipo impositivo del 0% ni tampoco a los territorios donde operan bancos de la UE.

Estas críticas hicieron que el Parlamento Europeo aprobara a principio de año una resolución en la que se proponían cambios para que el procedimiento de añadir o suprimir nombres de la lista sea “más transparente, coherente e imparcial”, así como para ampliar el análisis para que no solo se examinen países de fuera del bloque, sino también a los propios Estados miembros. El Parlamento también reconoció que los “cambios cosméticos” en el sistema tributario no deberían ser suficientes para sacar a un país de la lista negra, en la que se contemplan sanciones que incluyen un mayor monitoreo y auditorías, retenciones de impuestos, requisitos especiales de documentación y disposiciones contra el abuso.

La reunión de este martes cobró más interés si acaso por darse a escasas 48 horas desde la publicación de los Papeles de Pandora, que ha destapado cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EE UU para no pagar impuestos. El escándalo ha sido tal que el Parlamento Europeo planea debatir en el pleno del próximo miércoles la información relacionada con esta investigación periodística.

Sobre la tributación de las multinacionales, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha dicho este martes que apoya la posibilidad de tener un acuerdo global para final de mes. El político italiano tiene la mirada puesta en dos reuniones: la de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, prevista en Washington el 13 de octubre; y la cumbre de líderes de esa misma organización que tendrá lugar en Roma el 30 y 31 de octubre.

El pasado 10 de julio en Venecia los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 ya aprobaron el mecanismo sobre fiscalidad para multinacionales consensuado el 1 de julio en el marco de la OCDE, pero Irlanda, Estonia y Hungría aún no han suscrito el pacto. Gentiloni espera que en esta ocasión los tres países se sumen al convenio.