La Unión Europea, por fin, ha logrado el consenso necesario para publicar su primera lista negra de paraísos fiscales. La opacidad a la hora de confeccionarla y la falta de voluntad política para señalar todos los territorios que deberían formar parte de ella han dado como resultado una lista descafeinada, donde sólo aparecen 17 países.

Para la UE no son paraísos opacos, Suiza, Albania, Serbia o Macedonia a los que clasifica, junto con otros 43 Estados, en un listado gris para revisar el cumplimiento de transparencia, impuestos justos o medidas contra la elusión fiscal que se han comprometido a aplicar. En cambio, no hay rastro de las Islas Vírgenes o de lugares tan cercanos a nosotros como Gibraltar.

Tampoco refleja países cuyos regímenes fiscales dañan las bases imponibles del Impuesto de Sociedades del resto de estados miembros comunitarios ocasionando pérdidas millonarias, como es el caso de Holanda, Irlanda o Luxemburgo. De hecho, la OCDE calcula que la pérdida de ingresos únicamente por la elusión de las multinacionales a nivel mundial se sitúa entre el 4% y el 10% del total de ingresos derivados del Impuesto de Sociedades, lo que representa entre 75.000 y 180.000 millones anuales.

Ante esta lista negra, condicionada lamentablemente con criterios políticos, nuestra alternativa refleja un listado con casi el doble de nombres hasta alcanzar un total de 30 países. Además, al margen de la negra hemos confeccionado una lista gris con 100 paraísos, frente a los 47 países que refleja la europea, que ya se han comprometido a poner en marcha cambios fiscales. Las listas que hemos elaborado desde el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda incluyen 130 países y centros financieros offshore, clasificados en dos listados diferentes en función de su capacidad para favorecer la evasión o la elusión tributaria.

Lo que tratamos de demostrar es que, a todas luces, el listado europeo es incompleto y tendrá unos efectos muy limitados en la lucha contra la evasión de impuestos. Debería haber reflejado el nombre de todos los países que han prometido “adoptar un proceso de aprobación” de medidas de transparencia, a los que no han demostrado esa transparencia, a los paraísos situados en países en desarrollo, a los del Caribe asolados por los recientes huracanes, a los países de la propia UE que favorecen la elusión fiscal, y a los territorios offshore que pertenecen a algunos miembros comunitarios.

Por otra parte, esta lista europea de paraísos no cooperativos debería haberse extendido, tal y como estableció Bruselas al inicio del proceso, a todos los territorios con escasa o nula tributación y de apreciable opacidad en los ámbitos bancario, registral y mercantil.

Esto permitiría a la Comisión Europea crear una base de datos de evasores y elusores fiscales transfronterizos a la que los países miembros accederían y podrían implantar sanciones concretas a las empresas con intereses en esas jurisdicciones que aparezcan en el listado.