El Gobierno hizo público el acuerdo recientemente sellado con la Unión Europea estableciendo la condicionalidad a la que está sujeto el desembolso de los 70.000 millones de euros en ayudas comunitarias que el país opta a recibir en los próximos años a cambio de impulsar una ambiciosa agenda de inversiones y reformas estructurales que permitan a España salir reforzada de las crisis del Covid-19. El pacto, que incorpora compromisos hasta 2026 pero concentra el grueso del cobro en esta legislatura, exige por ejemplo que la simplificación de contratos prevista en la reforma laboral para atajar la temporalidad sea aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de final de año para continuar desbloqueando fondos.

De momento, el documento, suscrito por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, abre la puerta a que España pueda solicitar en los próximos días el primer pago oficial, de 10.000 millones de euros, tras el anticipo inicial de 9.036 millones recibido en verano tras la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. El texto fija, entre otros puntos, cómo se organizarán las reuniones bilaterales con la Comisión y cuáles serán los protocolos de intercambio de información para el seguimiento del cumplimiento de objetivos del Plan de Recuperación. España, celebró el Ministerio de Hacienda en un comunicado, es el primer país de la UE que consensua este documento con Bruselas, y opta así a ser también el primero en recibir el primer pago. Este, detalla, está disponible ya por la consecución de los 52 primeros hitos del Plan (buena parte de los mismos puestos en marcha antes de su redacción).

El pacto publicado por el Ejecutivo, de 346 páginas, es el conocido como Acuerdo de Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación (más conocido como el “OA”, siglas en inglés de Operational Arrangement). Se trata de un documento técnico que establece intercambios trimestrales de información entre Madrid y Bruselas, tanto presenciales como virtuales, para controlar los avances y decidir el calendario de pagos. En paralelo a estas reuniones periódicas de revisión, el acuerdo establece que podrán celebrarse citas específicas ad hoc para evaluar los avances de determinadas inversiones, reformas o componentes del Plan de Recuperación.

El acuerdo también detalla que el progreso de la ejecución de los planes se formará parte del seguimiento en cada Semestre Europeo. Finalmente, la Comisión Europea y España celebrarán un evento anual con los responsables del Plan y otros agentes interesados para debatir “la complementariedad, la sinergia, la coherencia y la cohesión entre la aplicación del Plan de Recuperación y otros programas de la Unión”. El texto publicado incorpora dos anexos en los que se detalla cómo se verificará el cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan y el los progresos previstos. Es en estos anexos donde figura la condicionalidad y calendario de cada medida.

En el caso de la reforma laboral, que el Ejecutivo negocia a contrarreloj estos días con patronal y sindicatos, Bruselas reclama que la simplificación de la amalgama de contratos existentes a solo tres modalidades (indefinidos, temporales y de formación); la mejora del modelo de negociación colectiva; la regulación de las subcontratas; la actualización del Estatuto de Trabajadores y el diseño de los nuevos ERTE ligados a formación quede publicada en el BOE antes de final de año. Eso sí, “respetando el diálogo social” buscando una fórmula de equilibrio “entre la flexibilidad y la seguridad del mercado de trabajo”, advierte. Más allá, en el caso de los nuevos ERTE ligados a formación (los “Red”), pide un informe previo que garantice su sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo bajo distintos escenarios.

En el ámbito laboral, la UE también plantea ambiciosos objetivos para los programas de empleo comprometidos reclamando que el de jóvenes lo completen 18.300 personas y el de mujeres del ámbito rural otras 23.200 antes del fin de 2025. Además, reclama formación en las áreas verde y digital para 825.000 trabajadores antes de 2026.

Del lado de la reforma fiscal, la UE acepta esperar a impulsarla hasta oír el dictamen del comité de expertos organizado por Hacienda, pero reclama para el arranque de 2023 la entrada en vigor de una batería de medidas que acerque el peso de la recaudación sobre el PIB a la media europea. Cita expresamente cambios en IRPF, Sociedades, fiscalidad ambiental o digital, así como una “armonización de la fiscalidad sobre el patrimonio”, impuesto que ahora mismo no aplican regiones como Madrid. En paralelo, la UE pide ampliar este mismo año la asistencia telemática a todo tipo de contribuyentes, así como reforzar el personal de la Agencia Tributaria, pasando de 25.320 a 26.390 efectivos, y elevando el número de inspectores de 5.743 a 6.591.

En cuanto a la reforma de pensiones, Bruselas exige “la entrada en vigor de la legislación para el ajuste del periodo de cómputo, alargando el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”. De esta reforma, que debería llegar al BOE en el cuarto trimestre de 2022, depende entre otras el cuarto desembolso de los fondos, que se espera para inicios de 2023 y asciende a 10.000 millones de euros. A día de hoy, el periodo de cómputo para calcular la pensión se sitúa en los 24 años, prorrogables hasta los 25 a partir de 2022. El Ejecutivo trabaja en una reforma que amplíe progresivamente esta cuantía con el paso de los años, pudiendo llegar, según un planteamiento dado a conocer por el Ministerio de Seguridad Social hace ya 11 meses, a los 35 años.