La Comisión de Presupuestos del Congreso aprobó ayer la enmienda presupuestaria propuesta por el PNV para revalorizar las pensiones conforme al IPC este año y el próximo y retrasar la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad. El problema de estas medidas es que, si bien es fácil sufragarlas durante algún ejercicio, las subidas de gastos se consolidan de cara a los derechos de los años posteriores, con lo que pueden suponer un sobrecoste de 157.000 millones de euros hasta 2045. Y esto puede agravar el desequilibrio de un sistema que ya tiene un déficit de 18.800 millones.

Por el momento, el Gobierno ha sorteado (al menos, sobre el papel), los efectos de la subida de las pensiones prevista para este año con la creación de un impuesto a las multinacionales tecnológicas y un ahorro millonario en los costes financieros que el Tesoro descubrió en cuestión de días tras el pacto entre el PP y el PNV. Sin embargo, estos cálculos no se sostienen de cara al futuro, ya que la revalorización de las pensiones proyectada para este año y el próximo se consolidará de cara al futuro, provocando que el sistema tenga un coste más elevado en el futuro.

A esto hay que sumar el muy probable acelerón de la inflación este año, por la subida de los precios del petróleo, y el retraso en la entrada del Factor de Sostenibilidad, que estaba planteado para 2019 y que ahora se pospone hasta 2023. Esto limitará mucho los ahorros proyectados para las nuevas pensiones. Por ello, los tres efectos, en conjunto, generarán un sobrecoste de 157.000 millones de euros a la Seguridad Social a lo largo de los próximos 25 años, de acuerdo con cálculos realizados en base a las proyecciones base que elabora la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El primer elemento de este sobrecoste se debe a la revalorización de las pensiones este año, que toma en cuenta la inflación del año anterior (1,6%). Sin embargo, a esto hay que sumar el avance del 3% de las pensiones mínimas y la mejora de las de viudedad, hasta el 56% de la nómina correspondiente al cónyuge este año y el 60% el próximo ejercicio. Todo ello supondrá un coste de 2.600 millones de euros adicionales este año, de acuerdo con los cálculos del Ejecutivo.

Sin embargo, a esta cifra hay que sumar el probable acelerón de precios en la segunda mitad del año, como resultado de la reciente escalada del precio del petróleo. De acuerdo con los cálculos de Funcas, si el petróleo se mantiene en niveles superiores a los 75 dólares por barril (ahora rebasa los 78 dólares), el IPC alcanzará el 2,6% en noviembre, lo que obligaría a revisar las prestaciones correspondientes a 2018, sumando 1.400 millones.

Para 2019, hay prevista una nueva revisión conforme al IPC, con el problema añadido de que la subida de los precios del petróleo se puede filtrar al resto de los productos, dado que tiene fuertes repercusiones en el transporte, el comercio, la industria, el turismo y la agricultura. Y, además, hay que tener en cuenta que esta subida de prestaciones se consolida y sirve de base para el cálculo de la cuantía de los años posteriores, con lo que se genera un efecto bola de nieve. Así, ambas subidas generarían un sobrecoste acumulado de 75.000 millones de euros a lo largo del periodo.