O se jubilen de forma anticipada e involuntaria si cumplen las siguientes condiciones: que la pensión se haya generado entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021, y que haya sido por despido del trabajador. El complemento para todas estas personas entrará en vigor en marzo de 2022. Este es el sentido de la enmienda que el Gobierno ofreció ayer a los distintos grupos de la oposición en el proyecto de ley de revalorización de las pensiones, que está tramitando el Congreso de los Diputados. Otras condiciones que debe tener el beneficiario de este complemento son las siguientes: que la jubilación se haya producido como máximo cuatro años antes de la edad legal prevista para retirarse. Es decir, 65 años hasta 2020. En 2021 está en 66 años y, en 2027, llegará a los 67.

En segundo lugar, el beneficiario debe acreditar, al menos, 44 años y seis meses de cotización a la Seguridad Social. O bien, debe tener cuarenta años de contribución si el 1 de enero de 2022 su pensión es inferior a los 900 euros mensuales. El complemento, que se abonará en 14 pagas, equivaldrá a la diferencia que haya entre la pensión inicialmente reconocida y la que finalmente le quedase tras aplicar los descuentos en la pensión por adelantar la jubilación. También podrán disfrutar de este complemento quienes se jubilasen voluntariamente de forma anticipada y con los periodos de cotización mencionados, entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, deben haberlo hecho como máximo dos años antes de la edad legal de jubilación. Es decir, a los 63 años, dos ejercicios antes de los 65. Este año, son 64 años, y en 2027, 65, porque, como hemos dicho más arriba, la edad legal de jubilación estará en los 67 años.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, hace así una pequeña concesión a diversos grupos de la oposición. Con mucha insistencia, ERC, EHBildu, Más País, la CUP o BNG han pedido siempre al ministro que rebaje los coeficientes reductores, o descuentos en las pensiones para quienes aportaron a la Seguridad Social durante más de cuarenta años y, sin embargo, se vieron obligados a jubilarse de forma anticipada en crisis empresariales o por enfermedad. Precisamente, Escrivá envió el pasado 30 de julio un informe al Congreso explicando su negativa a suprimir los descuentos en las pensiones a los jubilados con largas carreras de cotización. El gasto de la Seguridad Social crecería anualmente, de forma adicional, hasta los 2.700 millones de euros, y hasta los 45.000 millones en el horizonte de 2040.

El Gobierno incluyó ayer el Mecanismo de Equilibrio Intergeneracional en el proyecto de ley de revalorización de las pensiones. La modificación que pactó el pasado lunes con los sindicatos y que obtuvo el rechazo de la patronal. La disposición regula un aumento del 0,6% en el tipo de cotización durante los próximos diez años. Con ello, y con una rentabilidad prevista del 3,5% anual, el Gobierno espera recaudar 42.000 millones de euros hasta 2032, en un escenario central.

Hervé Boulhol, jefe de la división de pensiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), advirtió ayer al Gobierno y a los sindicatos de que la subida de las cotizaciones terminará repercutiendo en los salarios, porque las empresas van a amortiguar en ellos el crecimiento de los costes laborales. De las seis décimas que subirán los tipos de cotización, cinco las pagará la empresa y una, los trabajadores.