El colectivo de trabajadores autónomos inicia su ofensiva de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales de 2022 para facilitar la imputación de los gastos de manutención deducibles en el impuesto de IRPF, y que a día de hoy se presenta como una quimera para miles de trabajadores por cuenta propia que ven como la rigidez de Hacienda a la hora de justificar estos gastos hace imposible en muchos casos disfrutar de esta exención. Ahora, los autónomos reclaman la incorporación de una enmienda en las Cuentas del próximo ejercicio para allanar esta operativa y, más allá, advierten: si no se lleva a cabo se arriesga la creación de 10.000 puestos de trabajo en el sector de la hostelería y la restauración.

Más concretamente, según apuntan desde UPTA, asociación representante del colectivo de trabajadores por cuenta propia, los cálculos arrojan que esta propuesta supondría una facturación de casi 120 millones de euros para el sector de la pequeña restauración de menú diario, y se crearían aproximadamente 10.000 puestos de trabajo directos en el sector -el más afectado por estos obstáculos legales para la justificación de gastos-.

En este sentido, la organización apela a los grupos parlamentarios para que se incluya una enmienda en la ley de Presupuestos Generales de 2022 que clarifique la deducción en el IRPF por manutención de este colectivo. Así, consideran necesario “terminar con la indefensión sobre la imputación de los gastos por manutención” a través de la modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, que reconoce como deducibles los gastos de manutención incurridos durante la actividad económica, cuando se efectúen en establecimientos de hostelería y se abonen con un medio de pago electrónico, y pide que se permita también la utilización de los cheques de comida.

Aseguran que esa medida no ofrece seguridad jurídica a los autónomos en la deducción de sus gastos de manutención y piden la deducción automática de esos gastos, de 11 euros diarios, “siempre que la realidad del gasto esté acreditada con la correspondiente factura del establecimiento o comprobante del emisor de la tarjeta de comida”, como expresa en un comunicado difundido este viernes.

Para poder deducir los gastos del cheque comida, bastará con que en el comprobante aparezca la denominación y el número de identificación fiscal de cada restaurante y del contribuyente, la fecha, hora y el importe de cada consumo junto con la cuota de IVA correspondiente, como consta en la propuesta remitida por UPTA. Los cheques restaurantes representan, según la entidad, “el mejor modelo para terminar con la injusticia que atraviesan los autónomos en concepto de gastos deducibles sobre los rendimientos de la actividad económica en el IRPF”, ya que no necesitarían aportar pruebas adicionales y mantienen el requisito de consumir en locales de restauración y hostelería. Cabe recordar en este punto que, de cara al próximo ejercicio, el Gobierno aplicará deducciones fiscales de IRPF por valor de 11.221 millones de euros. Lo que supone un 1,7%más que este 2021 (183 millones de euros más).

De este modo, los nueve conceptos de mayor importancia en cuanto a la cuantía que dejará de ingresar Hacienda por IRPF estarán: la deducción en la cuota diferencial por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo, con un importe de 1.885 millones de euros; la exención de determinadas pensiones públicas por incapacidad absoluta y gran invalidez, con un monto de 1.198 millones de euros; la deducción en la cuota diferencial por maternidad, con una cifra de 1.005 millones de euros; la reducción en la base imponible por tributación conjunta, con una cuantía de 964 millones de euros; la reducción por rendimientos del trabajo, con un cantidad de 934 millones de euros; la deducción en la cuota íntegra por en la vivienda habitual en régimen transitorio, con un importe de 844 millones de euros; la reducción en la base imponible por aportaciones a sistemas de previsión social, con un valor de 842 millones de euros; la reducción de los rendimientos por arrendamientos de viviendas, con una cuantía de 714 millones de euros; y la exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, con un importe de 541 millones de euros.