Está reforma está generando incertidumbre en los futuros pensionistas e inseguridad jurídica para aquellos que quieren garantizar su jubilación con productos de larga duración, al reducir el beneficio fiscal a 1.500 euros en los planes de pensiones. Esta situación ha puesto en alerta a los profesionales de la abogacía que trabajan por cuenta propia –la mayoría de los abogados- ante el dilema de elegir entre cotizar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA) o a una de las dos mutuas alternativas: Mutualidad de la Abogacía y Alter Mutua.

Las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, reconociendo que “hace falta un cambio cultural en España” para trabajar cada vez más entre los 55 y los 75 años, no afectan especialmente a los abogados, que se caracterizan por tener una larga carrera profesional. En la actualidad más de 62.400 de estos profesionales superan los 55 años, el 40% del total de letrados.

Las profesiones colegiadas –como son abogados y procuradores- que cuenten con una mutualidad de previsión social alternativa al RETA deben ponderar bien las ventajas del sistema público de pensiones o del privado. Ante esta elección, Alfredo Aspra, abogado laboralista y socio de Labormatters Abogados, recomienda analizar “las expectativas de cada profesional sobre la previsión de sus futuros ingresos, duración del ejercicio profesional y cantidades dispuestas a invertir en su futura jubilación”.

El sistema público del RETA utiliza el sistema de reparto, de esta forma la prestación que percibe el jubilado se financia con las cotizaciones de los trabajadores activos que haya en ese momento. Pero los expertos reconocen que, con una natalidad por los suelos, una crisis económica con un enorme desempleo y una longevidad media superior a los 85 años la ecuación es imposible.

Para futuras jubilaciones hay que tener en cuenta la tasa de sustitución (diferencia entre el último salario obtenido en la etapa de trabajo activo y la cuantía de la primera pensión pública). En 2019, esta tasa para un asalariado medio español fue del 80%, mientras que en los países de la OCDE se situó en el 50%. Los expertos vaticinan que en 2051 este porcentaje descenderá al 46%, con una importante reducción de las pensiones.

Ante esta situación, Enrique Sanz, presidente de Mutualidad de la Abogacía, reconoce que “los abogados, como el resto de españoles, tenemos una deficiente cultura del ahorro”. Por ello, apuesta por el efecto multiplicador de la previsión temprana y largoplacista, porque “una planificación financiera basada en este principio incrementa la eficiencia del ahorro y garantizará a abogados y abogadas por cuenta propia una jubilación digna”.

La opción por el RETA es en la práctica irreversible y, si se produce la baja en el mismo, las cotizaciones realizadas hasta ese momento se pierden. Tiene la ventaja de contar con respaldo estatal. La principal medida de la reforma de las pensiones es traspasar el déficit de la Seguridad Social a las cuentas del Estado.

Sin embargo, todos los Gobiernos tienen como objetivo reducir este gasto, teniendo en cuenta que el aumento de los nuevos pensionistas será muy superior al de nuevos cotizantes a la Seguridad Social. La reforma de las pensiones prevé crear un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional -sustituto del factor de estabilidad- que se aplicará cuando exista fuerte desfase entre ingresos y gastos.

Por su parte, las mutualidades alternativas son aseguradoras privadas que siguen el sistema de capitalización individual en el que sus ahorros y rendimientos generan la pensión que el abogado dispondrá en forma de capital, renta vitalicia o financiera. Es una “hucha”, como afirma Sanz, que junto con la rentabilidad obtenida año tras año conformarán el ahorro del que se dispondrá al llegar a la edad de jubilación.