El retraso en la llegada de los fondos europeos, la rebaja en las expectativas de crecimiento y los malos datos de recaudación del primer semestre costarán 40.000 millones de euros en ingresos, mientras los gastos mantienen su tendencia al alza, con más pasivo estructural. La situación del desajuste en las cuentas españolas, que terminó 2020 con un déficit del 11% por el impacto de la pandemia será casi imposible de corregir este ejercicio. Las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional sitúan el resultado de las cuentas en el -9% para este año. Sin embargo, esta cifra se calculó cuando el Gobierno estimaba un crecimiento del PIB para este año de en torno al 8%. La semana pasada el Ejecutivo confirmó el mal desempeño de la economía española y rebajó al 6,5% el PIB previsto para este año, siete décimas menos que su última previsión. El consenso internacional sitúa ya las previsiones de crecimiento en solo el 5%.

Por cada punto de crecimiento que pierde la economía española en las estimaciones, el déficit público suma dos décimas adicionales. A esto, hay que sumar los 27.000 millones de euros de Bruselas consignados en el presupuesto como ingresos y que, por el momento, no han llegado. La llegada de los fondos europeos podría retrasarse más allá del verano después del freno del Constitucional alemán.

«La situación hace que haya un riesgo muy alto del déficit cierre 2021 por encima del ya terrible dato de 2020, el 11%», apunta el economista Javier Santacruz. «Esto lo que hace es convertir a las cuentas públicas en algo absolutamente insostenible y quizás se podría arreglar si se lograra corregir este año, pero no solo no bajará, sino que hay un grave riesgo de que suba», añade Santacruz.

En la misma línea, Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis AM, apunta al problema del déficit estructural. La Comisión Europea predice que el déficit público estructural de España seguirá creciendo hasta el 7,2% del PIB en 2022. Este sería el mayor déficit desde 2010 -2009 es el récord- y el mayor dentro de la eurozona. «La mitad del déficit lo está generando este gasto estructural que no se va a reducir cuando se recupere la economía», explica Daniel Lacalle. «La única manera en que se podría bajar parte del déficit este año sería por la vía de la inflación y por el efecto mitigador si finalmente llegan algunos de los ingresos del paquete de ayuda de la UE», añade.

El déficit estructural para 2020 pasó desde alrededor del 3% de los últimos años hasta un 6,8%. El indicador llegó a ser de un 9,2% en 2009 con la anterior crisis. El Gobierno insiste en sus alzas al gasto corriente frente a las inversiones productivas que exige Bruselas ante el desvío del déficit a causa de la crisis del coronavirus.

Para el nuevo Ingreso Mínimo Vital, el Gobierno asume un gasto de 1.500 millones de euros para este ejercicio, que se sumará a los otros 1.500 millones de este año. En cuanto a la revalorización de las pensiones, el Ejecutivo prevé una subida incluso superior a la de 2020 y la sitúa en 1.292 millones de euros. Además, las medidas se añaden a la ampliación de las ayudas como los Erte o las moratorias al alquiler y la suspensión de desahucios.

La situación ha provocado que se dispare el volumen de gasto público y su peso sobre el conjunto de la economía. Solo la protección social en prestaciones, pensiones, subvenciones y ayudas es el 50% de este gasto público, unos 226.000 millones de euros. Las medidas del Ejecutivo desembocan en que se pase de destinar a gasto público un 42,1% en 2019 al 50,8% que se prevé para 2021. Ya en 2020 se rebasó este nivel por vez primera en la serie histórica al alcanzar el gasto público el 52% del PIB anual.

«España presenta un cuadro financiero quebrado, con una deuda impagable y descontrolada, un déficit público a modo de hemorragia que nos desangra, una economía decadente, un sector privado en caída libre, con un tejido empresarial en la cuerda floja y un insolvente sector público que va ganando posiciones en pos de convertir nuestro sistema económico en una economía socialista o planificada, con pleno intervencionismo del Estado», advierte el profesor José María Gay de Liébana.