La patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme), que forma parte de la CEOE, advirtió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las graves consecuencias en el empleo que podría tener su propuesta de subir el salario mínimo interprofesional. Tanto para este año, como hasta el final de la legislatura, superior a los 1.000 euros.

Los empresarios cuantifican entre 60.000 y 130.000 los empleos que podrían destruirse, o no crearse, hasta el final de la legislatura, en 2023, si el SMI rebasa los 1.000 euros mensuales. Cosa que podría producirse en 2022, si el Ejecutivo cumple su promesa electoral de situar esta renta mensual en el 60% del salario medio español. Es decir, en torno a los 1.130 euros mensuales en 12 meses.

Sánchez anunció el lunes una subida del SMI en el último trimestre de este año, de entre 12 y 19 euros al mes. Es decir, que esta renta pasaría de los actuales 950 euros a los 962 o 969 euros al mes. O, multiplicada por catorce pagas, entre 13.468 y 13.556 euros anuales. El presidente ratificó su intención de alcanzar el 60% del salario medio, para cumplir con la carta social europea, como piden los sindicatos y establece el pacto de Gobierno PSOE-Unidas Podemos.

En este contexto, y horas después del anuncio de Sánchez, la patronal Cepyme y la multinacional de recursos humanos Randstad Research publicaron ayer un informe demoledor sobre el impacto de una subida del SMI en el empleo. Por lo tanto, resucita el debate sobre esta cuestión después de las importantes subidas de esta renta en los últimos años.

A día de hoy, el Gobierno solo aspira a alcanzar un acuerdo para aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) con los sindicatos, ya que la patronal se ha negado a aceptar cualquier tipo de aumento para el presente ejercicio. “Lamento decir que las patronales han entrado pidiendo cero y salen pidiendo cero, esto no es negociar, es otra cosa”, señaló el lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien explicó que la decisión sobre la subida está ahora en el tejado del socio mayoritario del Gobierno, el PSOE.

Sin embargo, el apoyo de los sindicatos al aumento no está asegurado, ya que tanto CC OO como UGT han explicado que solo acordarían un incremento para este año en caso de que este fuese en línea con el encarecimiento del coste de vida. En este sentido, este martes, CC OO pidió una suba del SMI “de carácter inmediato” ante la escalada del IPC que está en el 3,3%; mientras que la CEOE se ha mostrado confiada en que la inflación se moderará en la parte final del año. A pesar de esta exigencia, los sindicatos estarían dispuestos a negociar una subida menor este ejercicio a cambio de que se les asegure un SMI de 1.000 euros en 2022 y que al final de la legislatura los sueldos más bajos representen el 60% del salario medio.

El estudio de Cepyme destaca que llevar el SMI a 1.000 euros mensuales en catorce pagas, supondría un aumento del 5,3% respecto a los 950 euros actuales, con lo que, desde 2016, el salario mínimo se habría revalorizado un 52,6%.

“Un incremento de esta cuantía incidiría de manera muy lesiva en sectores especialmente perjudicados por la actual crisis, como la hostelería y el comercio, que han destruido varios cientos de miles de empleos y tienen en riesgo decenas de miles adicionales (tanto por ERTE aún en vigor como fuera de ellos), con especial incidencia en las pymes”, asegura la patronal. “Además, las consecuencias de este incremento incidirán especialmente en los jóvenes y en los trabajadores con menor cualificación, para los que será más difícil encontrar empleo o conservar el que tienen”, añade.