El organismo sostiene que estas compañías evaden hasta un 10% de la recaudación total del Impuesto sobre Sociedades (IS) con sus establecimientos en territorios de baja tributación. La nueva propuesta fiscal de la OCDE obligará a estas empresas a trasladar un 25% de los beneficios a los países donde tengan a sus clientes y usuarios para que tributen allí.

El organismo estudia una nueva propuesta -con dos pilares fundamentales- para abordar los nuevos desafíos en fiscalidad internacional. El documento apunta que “en el mundo digitalizado de hoy, las multinacionales a menudo llevan a cabo negocios a gran escala en una jurisdicción con poca o ninguna presencia física”. La OCDE calcula que esta situación cuesta entre 100.000 y 240.000 millones de dólares anuales, o del 4 al 10% de los ingresos mundiales del IS.

La nueva estrategia del club de los países desarrollados establece que los derechos fiscales sobre el 25% de los beneficios residuales de las multinacionales se reasignarán a las jurisdicciones donde se encuentran sus clientes y usuarios. Con esta medida, la OCDE espera que los derechos fiscales sobre más de 125.000 millones de dólares de beneficios se reasignen cada año a los países donde operan las multinacionales.

La organización incluye en esta nueva exigencia a las multinacionales con un volumen de negocios global superior a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad mayor al 10% antes de impuestos, calculada mediante un mecanismo de ponderado con el umbral de volumen de negocios. El plan excluye a los sectores extractivo y de servicios financieros regulados. La OCDE reducirá el umbral de facturación a 10.000 millones de euros, con una revisión que comenzará 7 años después de la entrada en vigor del acuerdo, y otra que se completará en un plazo no superior a un año.

El informe sostiene que “la mayoría de los países solo gravan las rentas de las empresas nacionales, pero no las extranjeras”. A su juicio, “el crecimiento de los intangibles, como las marcas, los derechos de autor y patentes, y la capacidad de las empresas para trasladar sus beneficios a jurisdicciones con escasa o nula tributación es un problema en los últimos años”.

El segundo pilar de la propuesta se sustenta en el Impuesto Mínimo Global del 15% para todas las empresas multinacionales con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros. La organización internacional exigirá que todas las jurisdicciones que apliquen un tipo nominal del impuesto de sociedades inferior al 9% a los intereses, los royalties y un conjunto definido de otros pagos apliquen la “regla de sujeción al impuesto” en sus tratados bilaterales con los miembros del Marco de Inclusión en desarrollo cuando se les solicite, para que no se pueda abusar de sus tratados fiscales.

La OCDE estima que estos cambios generarán unos 150.000 millones de dólares de ingresos fiscales adicionales al año. Para lograr este objetivo, el organismo propone una normativa de inclusión de ingresos que impondrá un impuesto complementario a una entidad matriz con respecto a los ingresos poco gravados de una filial.