El mercado inmobiliario espera impaciente la entrada en vigor este domingo de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario. Tras años de idas y venidas, negociaciones y cambios respecto al proyecto inicial, la nueva ley hipotecaria (como se le conoce popularmente) echa a andar con tantas expectativas como interrogantes alrededor. ¿Están preparadas las entidades y los notarios para los nuevos procedimientos? ¿Se encarecerán las hipotecas? ¿Cómo afectará a los clientes? ¿Y a los bancos?

Todas las partes coinciden en la buena fe que subyace en la norma, al colocar en el centro a los consumidores y pretender darles mayor seguridad y protección. Para eso, entre otros mecanismos, se han elevado las exigencias y los requisitos del estudio de solvencia previo, pero esto podría tener también una cara b. «La nueva ley podría dificultar la compraventa y actuar como freno, aunque sea temporal, de las operaciones», apunta Ferran Font, director de Estudios del portal Pisos.com.

Tras varios años con el mercado digiriendo el estallido de la crisis inmobiliaria de 2008, el año 2013 comenzó a gestarse una remontada que ha permitido recuperar parte del terreno perdido en la etapa anterior, pese al descenso del 3,1% que se registró en abril. Según los datos del INE, ese mes cambiaron de manos 41.049 casas, frente a las 42.649 de marzo o las 43.695 de febrero.

Las cifras aún están lejos de los registros del boom, pero la tónica es positiva y algunos actores del mercado temen que ahora pueda quedar interrumpida. En esta línea advierte también Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), que pone el foco en las dificultades que podrían encontrar los ciudadanos con rentas más bajas o con una situación laboral más inestable, especialmente los jóvenes. «En el camino de la transparencia y de los análisis de solvencia más exigentes, las rentas más bajas tenderán a tenerlo un poco más difícil», apunta.

En muchos de estos casos los consumidores serán empujados al mercado del alquiler, ya de por sí tensionado, con el consiguiente impacto sobre los precios. Alquileres más altos e… ¿hipotecas más caras? Es otra de las incógnitas sobre la mesa. La nueva ley establece que sean los bancos quienes asuman la totalidad de los costes de notaría, registro, gestoría y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, mientras que los clientes tendrán que pagar los gastos de tasación. Los consumidores temen que ese aumento para las entidades se compense con unas hipotecas más caras. «Habrá bancos que se sientan tentados de trasladar los costes al precio de las hipotecas, pero la competencia del mercado determinará en último término las ofertas que más interesan al consumidor», añade Santos González.

El papel de los bancos en la etapa de esplendor inmobiliario en España fue muy cuestionado. La concesión casi indiscriminada de hipotecas durante años acabó generando una bolsa de crédito impagado que dejó a cientos de miles de familias desahuciadas y un volumen de activos tóxicos en los balances de las entidades que terminó asestando el golpe de gracia a muchas de ellas. Al amparo de esa eclosión crediticia se rubricaron contratos con condiciones abusivas que, años después, derivaron en costosos litigios judiciales a cuenta de los intereses de demora, los vencimientos anticipados o las cláusulas suelo.