España enfila la recuperación económica, pero su tejido empresarial sufre aún las graves secuelas de una pandemia que desencadenó sobre él la tormenta perfecta. Una espiral que comenzó con el desplome de los ingresos, prosiguió con la falta de liquidez y el endeudamiento, y desembocó en un mayor retraso de los pagos y, en el caso de muchos negocios, en la insolvencia.

Pese al acelerón de la economía a partir del segundo trimestre, en la primera mitad del año el 68,7% de las facturas emitidas se pagaron con retraso; esto es, prácticamente siete de cada diez. Así lo recoge el último Observatorio de Morosidad de Cepyme, publicado ayer, que señala que este retraso costó a las empresas 1.472 millones de euros solo por los intereses de demora exigibles. Habría que remontarse hasta 2013, cuando el PIB español sufría los últimos coletazos de la crisis financiera, para encontrar un coste financiero superior: casi 2.000 millones.

Pese al elevado porcentaje de facturas abonadas con retraso, el periodo medio de pago se situó en 81 días al cierre del segundo trimestre, 6,8 días menos que entre enero y marzo, gracias, precisamente, a la reapertura económica, que trajo consigo “un leve impulso en el pago de la deuda comercial retrasada”, señala el informe.

Un tijeretazo al periodo medio de pago (el plazo máximo legal es de 60 días) que la patronal considera, sin embargo, insuficiente. “La morosidad supone un grave deterioro en la cuenta de las empresas, sobre todo en un momento como el actual en el que sufren todavía más la falta de liquidez”, señala Cepyme, que no oculta su preocupación por las “restricciones crediticias” registradas “tras la pandemia”, lo que puede “dificultar todavía más el pago de la deuda comercial”.

El plazo medio de pago más alto se registra en la mediana empresa, con 84 días, seguido de la pequeña, con 81,3. A ello se une la morosidad entre las grandes empresas, que sí creció en el segundo trimestre: los plazos medios de pago escalaron 7,3 días en las compañías de más de 250 trabajadores en 3 meses, hasta alcanzar los 73,4 días.

La presión de la morosidad sobre el tejido empresarial se produce en un contexto en el que pymes y autónomos siguen recibiendo con cuentagotas las ayudas directas de 7.000 millones prometidas por el Gobierno, a pesar de que se aprobaron hace ya cinco meses y medio.

Empresas, autónomos y las CCAA gobernadas por el PP (corresponde a las autonomías la gestión de estas subvenciones) culpan del retraso a los “complejos y rígidos requisitos” impuestos en el real decreto del Ejecutivo para acceder a las ayudas. De hecho, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, anunció ayer que está diseñando una aclaración al decreto para que las comunidades autónomas que aún cuenten con recursos puedan lanzar una convocatoria adicional para llegar a más pymes y autónomos.