España estrenará el próximo 1 de enero un nuevo mecanismo de ajuste de las pensiones, el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aprobado en la primera fase de la reforma de la Seguridad Social. Sin embargo, este modelo de ajuste adoptado por España difiere notablemente de los tipos que ya aplican aproximadamente la mitad de los países europeos y que vinculan la evolución del gasto en pensiones a una o varias variables de entre estas tres: ligan la cuantía inicial de las prestaciones de jubilación a la esperanza de vida; fijan la edad de jubilación en función también de la esperanza de vida o revalorizan las pensiones según la demografía o la marcha de la economía.

Así lo refleja el estudio comparado realizado por el economista responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Doménech. Según esto, por ejemplo, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Italia, Malta, Holanda y Portugal varían sus edades de jubilación en función de si sus trabajadores aumentan o no su esperanza de vida.

Finlandia, Italia y Portugal, además, modifican igualmente la cuantía inicial de su prestación de jubilación también con la esperanza de vida: cuanto mayor sea esta última más tarde llega la jubilación y más baja su cuantía y viceversa. Mientras que Alemania, Estonia, Grecia, Lituania, Portugal y Suecia revalorizan sus pensiones con la evolución demográfica u otras variables sobre la marcha de la economía.

Así, el MEI español sustituye al denominado factor de sostenibilidad aprobado en 2013 y que vinculaba la cuantía inicial de la pensión con la esperanza de vida, como la mayoría de los sistemas europeos y que nunca llegó a aplicarse. Por el contrario, el actual MEI no actúa sobre el gasto futuro en pensiones sino solo sobre los ingresos, ya que consiste fundamentalmente aumentar la recaudación finalista para el pago de jubilaciones.

Para ello, en enero la Seguridad Social empezará a aplicar una sobrecotización del 0,6% fundamentalmente a las empresas y este recargo se realizará entre 2023 y 2032. Lo que se recaude con dicha sobrecotización se incorporará al fondo de reserva de las pensiones -­solo el próximo año se prevé que suponga unos ingresos de casi 3.000 millones de euros- y la cantidad total que acumule la hucha de las pensiones no se podrá tocar hasta 2032, ya que será a mediados de la próxima década cuando se dispare más gasto en pensiones causado por la jubilación generaciones más voluminosas del baby boom. Este recargo se revisará y, a partir de 2032 la ley determina, junto a unas condiciones de uso del dinero acumulado, que será el Gobierno que esté entonces en el poder el que diga si el sistema requiere algún ajuste más ya sea por el lado de los ingresos o de los gastos (esto sería por la vía del ajuste de cuantías de la pensión).

Así, a ojos de la Comisión Europea este ajuste no es del todo automático, sino solo "semiautomático" porque solo actúa desde ya por el lado de los ingresos y no determina a futuro ningún ajuste en función de otras variables que determinan el gasto como sí lo hacen los mecanismos de otros países europeos antes citados. Y como también lo hacía el factor de sostenibilidad derogado por el Gobierno actual.

Por ello, Bruselas ha pedido al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que diseñe un mecanismo totalmente automático, que prevea desde ya una actuación a futuro sobre el aumento de gasto. De hecho, el MEI no compensa la contención del incremento gasto en pensiones de 0,8 puntos sobre el PIB como sí lo hacía el factor de sostenibilidad.

Escrivá argumenta que esta contención del gasto sobre el PIB, junto a los 2,7 puntos que no se ahorrarán por haber eliminado el factor de revalorización y haberlo sustituido por la actualización de las prestaciones con el IPC, se compensarán mayoritariamente con las medidas para prolongar la vida laboral. Sin embargo, esto no parece convencer a los técnicos de Bruselas que siguen exigiendo un nuevo diseño del MEI.

De aquí a final de año, el ministro pretende convencer a los técnicos comunitarios, pero si no lo logra deberá rediseñar este mecanismo de ajuste para hacerlo automático, previendo actuaciones sobre el gasto a futuro, alargando el periodo de ingresos adicionales o ambas cosas a la vez.

De hecho, si la Comisión no acepta el MEI actual por ser solo semiautomático, el Gobierno deberá cambiarlo porque forma parte del componente 30 de reformas que España debe llevar a cabo para recibir los fondos europeos.

Esta exigencia de ajustes a futuro desde Bruselas viene determinada por la evolución demográfica que llevará a que la tasa de dependencia en España (porcentaje de mayores de 65 sobre población en edad de trabajar) pase del 30% actual a 20 o 30 puntos más, según quién realice las proyecciones.