Al menos no como se cabría esperar tras un cierre de las fronteras y un parón judicial sin precedentes en varios de los países comunitarios. Así lo refleja la memoria anual de la justicia europea sobre la actividad del Tribunal de Justicia (TJUE) y el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) en 2020. Según el documento, las cortes comunitarias redujeron su actividad, pero no demasiado. El número de asuntos resueltos por los tribunales europeos disminuyó hasta los 1.540, frente a los 1.739 de 2019, o los 1.769 de 2018, lo que supone un 11% menos de casos vistos.

Según recogen las 400 páginas de informe, puede decirse que la caída de la actividad es moderada y tiene su explicación en dos fenómenos. En primer lugar, la restricción de los desplazamientos transfronterizos, que limitó de forma importante la posibilidad de viajar a Luxemburgo y la celebración de juicios orales. Las vistas virtuales sirvieron como parche, pero la actividad del tribunal cayó de marzo a mayo de forma significativa y se recuperó durante el verano.

En segundo lugar, menos ciudadanos llamaron a las puertas de la justicia europea en tiempos de pandemia. En concreto, el número de asuntos planteados ante las instancias comunitarias fue de 1.582 frente a los 1.905 asuntos planteados en el año anterior. Los tribunales nacionales elevaron menos cuestiones prejudiciales, las preguntas que los jueces presentan al TJUE para interpretar de forma uniforme las normas de la Unión. Estas cayeron de 641 en 2019 a 556 en el año de la pandemia. También disminuyeron los recursos de casación contra resoluciones del TGUE: 131 frente a 266 en 2019 y 199 en 2018.

La justicia europea se apoya en dos grandes órganos judiciales: el TJUE y el TGUE. El primero se encarga de resolver cuestiones prejudiciales (interpretar la legislación), de procedimientos sobre infracción de leyes, anulación de normas europeas, así como de garantizar que la UE actúa (recursos por omisión) y de sancionar a las instituciones europeas. Por su parte, el TGUE resuelve recursos de anulación que interponen los particulares los particulares, las empresas y, en algunos casos, los gobiernos nacionales. En la práctica toca asuntos de competencia, ayudas estatales, comercio, agricultura y marcas comerciales.

A pesar de la disminución de asuntos, la justicia virtual sirvió de salvavidas para mantener la actividad a flote. Los operarios del Alto Tribunal comunitario adoptaron por primera vez el teletrabajo y tomaron como regla general las reuniones desde casa, lo que les permitió continuar sus labores con cierta normalidad. “Se implementaron soluciones tecnológicas en un tiempo récord para que todos pudieran trabajar en condiciones lo más parecidas posible a las condiciones de trabajo habituales y para garantizar la reanudación de las vistas orales tras una interrupción forzosa de unas semanas entre mediados de marzo y finales de mayo”, apunta Koen Lenaerts, presidente del TJUE. En sus valoraciones del año judicial, Lenaerts destaca la salida del Reino Unido tras más de “47 años de destino compartido”, lo que derivó en la salida del tribunal de los jueces Vajda y Forrester.

El éxito del modelo de trabajo a distancia tiene su reflejo en los buenos datos de tiempo medio de resolución de asuntos. A pesar de las dificultades, la pendencia se mantuvo cercana a la marca récord de 2019, situándose a 15,4 meses por asunto. En lo que respecta al TJUE, la duración media fue de 13,8 meses de espera en el caso de los recursos de casación; de 15,8 meses en el de los procedimientos prejudiciales; y de 19,2 meses en el caso de los recursos directos, datos no muy alejados de los meses precovid.

En el año de la pandemia los magistrados europeos estudiaron temas de enorme relevancia para la ciudadanía, como asuntos de libertad religiosa, despidos colectivos, transparencia en contratos de hipotecas, IRPH o falsa temporalidad de los trabajadores interinos.