La nueva ley de la vivienda anunciada ayer por el Ejecutivo ha levantado ampollas entre los inversores institucionales, principales damnificados por las medidas planteadas por el PSOE y su socio de Gobierno, Podemos, para intervenir los precios del alquiler. La normativa, incluso, podría poner en jaque más de un tercio de la nueva oferta prevista para los próximos cinco años.

Pese a que el sector cuestiona que la normativa llegue a aplicarse, el anuncio de ayer ha supuesto un jarro de agua fría para fondos y aseguradoras que cuentan con ambiciosos planes de inversión para los próximos años en España. Fuentes de estas compañías consultadas por EXPANSIÓN alertan de la incertidumbre que generan estos movimientos y de la percepción de inseguridad jurídica asociada a “movimientos electoralistas y discriminatorios”. “España es el único país de Europa que discrimina a los propietarios”, insisten.

El desarrollo de la ley se produce en pleno boom de build to rent (BTR) -nuevos proyectos de vivienda destinados al alquiler-. El fondo estadounidense Nuveen, la firma francesa Primonial, la división del banco alemán Deutsche Bank (DWS), la gestora suiza Partners Group, la división promotora de la gestora europea ASG, la británica Aberdeen o las alemanas AEW y Patrizia son algunos de los inversores que han irrumpido en el mercado con la intención de hacerse un hueco en el residencial en alquiler en los próximos años. Estos inversores se suman a otros como Azora, CBRE GI, AXA, Redevco, Ares, Catella, M&G, APG, Hines, Tectum, Aquila o Qualitas que siguen aumentando su huella con nuevos proyectos.

Según el informe The Housing Property Telescope elaborado por EY, se prevé desarrollar 28.000 nuevas viviendas para alquiler hasta 2025 y, las medidas previstas por el Gobierno, podrían poner en cuarentena la construcción de “al menos un tercio” de la nueva oferta proyectada, es decir, 10.000 viviendas de las 28.000 planeadas. Desde EY recuerdan que establecer un mecanismo para limitar el precio de alquiler supone un riesgo de discontinuidad para buena parte de estos proyectos que todavía están en fase de diseño y búsqueda de financiación. “Igualmente estas medidas van a suponer un freno a la inversión extranjera en nuestro país ya que detrás de la promoción de vivienda en alquiler están inversores institucionales como Ares, Nuveen, Primonial o DWS”, apuntan.

Solo en los nueve primeros meses del año, la inversión en promociones en marcha destinadas al alquiler (BTR, en sus siglas en inglés) alcanzó los 990 millones de euros, un 25% más que en 2020, mientras que el volumen invertido en producto terminado y alquilado se situó en los 502 millones, un 80% más, según los datos de CBRE. Pese al aluvión de promociones en alquiler en marcha el mercado profesional es muy residual y los proyectos de producto en renta representan solo el 5,4% del total de nueva vivienda proyectada para este periodo.

Además de ser un golpe para los proyectos en marcha, la futura normativa, que se anunció ayer y de las que se desconocen muchos detalles, afecta a los grandes propietarios ya presenten en el mercado, como Blackstone o Azora, que podría ralentizar inversiones, deshacer posiciones o, incluso, salir del mercado español.

“Este tipo de medidas pueden generar inseguridad en los mercados de capitales internacionales que tienen a España como foco de sus inversiones, llegando a desincentivar la inversión en nuestro país. Esto puede afectar a planes de negocio a varios años donde los inversores no ven con buenos ojos que cambien las reglas del juego en mitad del partido”, precisa Samuel Población, director nacional de Residencial & Suelo de CBRE España. En este mismo sentido, Mikel Echavarren, CEO de Colliers International Spain, considera que estas actuaciones obligan a los inversores a evaluar el “riesgo” de desarrollar vivienda en alquiler en comunidades autónomas gobernadas por un partido político u otro.