El Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de ley Crea y Crece, con el que pretende acelerar el desarrollo de las compañías nacionales. La norma, que incluye una batería de medidas para favorecer la creación y el crecimiento de las empresas españolas, es un requisito de Bruselas para acceder a los fondos europeos. Y el Gobierno utilizará a su vez este dinero comunitario para estimular la lucha contra la morosidad, ya que se vetará el acceso a las subvenciones públicas a aquellas empresas que incumplan la ley de pago a proveedores. En concreto, “se incorporan incentivos para reducir la morosidad comercial, incluyéndose el período medio de pago como requisito de acceso a subvenciones y como causa de resolución y condición penalizable en la contratación pública”. Asimismo, también se promoverá el uso de la factura electrónica en las operaciones entre empresas y autónomos como vía para vigilar el cumplimiento de estos plazos de pago.

El texto señala que “no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las empresas que incumplan los plazos de pago previstos en la citada Ley [de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales]” y que incluso se podría llegar a resolver un contrato en vigor por el incumplimiento de estos plazos. De esta forma, se trata de lograr que el plan de recuperación europeo, que está enfocado en buena medida a las grandes empresas, se acabe trasladando también a las más pequeñas. ¿Por qué? Porque las grandes compañías son las que captarán directamente una mayor proporción de proyectos comunitarios, aunque dependen de su ejecución de las pequeñas y medianas empresas y, de acuerdo con los datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), lograr que las empresas que están en el Mercado Común salden sus cuentas en el plazo que marca la Ley liberaría 81.786 millones de euros a sus proveedores, lo que aliviaría la situación financiera de las pymes tras más de año y medio de crisis.

El texto incluye una serie de incentivos orientados en dos líneas de actuación: la creación de nuevas empresas y el desarrollo de las actualmente existentes. En este primer vector está la nueva figura de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que permitirá la constitución de una nueva empresa con un capital social de tan solo un euro, frente a los 3.000 euros actuales, además de reformas para facilitar que la creación de nuevas compañías se hace “de forma rápida, ágil y telemática” en un plazo de 10 días a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas. Y en la misma línea, y siguiendo uno de los principios de la fallida Ley de Unidad de Mercado, también se amplía el catálogo de actividades económicas exentas de licencia, incorporándose al listado nacional las actividades autorizadas por al menos una comunidad autónoma, y se refuerzan las ventanillas a las que las empresas pueden acudir cuando consideren que “las Administraciones no cumplen los principios de buena regulación económica”. Es decir, cuando consideran que se les imponen demasiadas trabas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el gran problema de la economía española no es tanto la creación de empresas como su desarrollo. De hecho, numerosos economistas alertan de que España tiene un cuello de botella en las empresas de tamaño medio y grande, y que, si lograra que su estructura empresarial se asemejara a la de otros países, como Alemania, numerosas estadísticas mejorarían. Esto se debe a que la productividad de las grandes compañías es muy superior a la de las pymes, ya que un cierto tamaño está generalmente asociado a una mayor formación y especialización de los trabajadores, un mayor gasto en I+D y mayores posibilidades de exportar. Por ello, se articulan varias medidas para potenciar los instrumentos enfocados a financiar el crecimiento empresarial, tales como el crowdfunding, la inversión colectiva y el capital riesgo