Autónomos que han cerrado sus negocios por la pandemia, trabajadores afectados por los ERTE o consumidores sobreendeudados por la crisis de la Covid engrosan el listado de personas que tienen que acudir a la Ley de Segunda Oportunidad para intentar saldar sus deudas y poder rehacer su situación económica sin la losa de un pasivo que nunca podrán satisfacer.

Los efectos de la crisis económica apuntan a un crecimiento notable de procedimientos de segunda oportunidad. El último informe Efecto de la Crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial recoge que los concursos de personas naturales no empresarios han pasado de 1.568 en el primer trimestre de 2020 a 2.531 en el mismo periodo de 2021: más de un 60% de incremento. El primer trimestre de 2016, al poco de entrar en vigor la ley, los concursos de personas físicas fueron 393.

La desconocida ley de segunda oportunidad, en vigor desde julio de 2015, es el flotador legal al que pueden recurrir los particulares y los autónomos que no puedan pagar las deudas contraídas. También tienen a su disposición el beneficio de justicia gratuita, por lo que ha aumentado el número de Colegios de la Abogacía que impulsan el turno de oficio especializado en segunda oportunidad para atender a estas personas.

La ley se basa en dos instituciones: el acuerdo extrajudicial con los acreedores para intentar liberar o retrasar el pago de deudas (sólo un 5% finaliza en convenio) y, a falta de acuerdo, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) donde el juez puede liberar toda o parte de la deuda. Los particulares deben iniciar el proceso extrajudicial ante un notario y los autónomos lo harán en el Registro Mercantil o Cámara de Comercio correspondiente, con los correspondientes aranceles.

“Estas personas con escasos recursos económicos deberían tener acceso a la justicia gratuita desde el primer momento, con más razón cuando esa fase inicial extrajudicial es obligatoria para ellos”, reclama el decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera, corporación que recientemente ha constituido un grupo específico dentro del turno de oficio para gestionar los asuntos derivados de la ley de segunda oportunidad.

Desde el Colegio de Granada, de forma paralela a la creación de este turno de oficio especializado, van a tratar que la Junta de Andalucía incluya todo el procedimiento de segunda oportunidad dentro del baremo de justicia gratuita, como ocurre en Cataluña, y abordará con el Notariado la posibilidad de ofrecer sus servicios sin coste en estos casos.