Y es que la crisis pone en riesgo la supervivencia de las fábricas de todos los sectores fabriles, según trascendió este lunes tras el encuentro entre representantes del Ejecutivo y del mundo empresarial. Entre esa batería de diez medidas, la primera reclama una modificación del funcionamiento del mercado eléctrico europeo.
Esa propuesta está en la agenda de los responsables de energía de la Unión Europea (UE), que celebrarán una cumbre este próximo viernes con la que intentarán encontrar las fórmulas para abaratar tanto el precio de la electricidad como el del gas. La cotización de este último se disparó un 30% durante la jornada de ayer por los recortes de suministro de Rusia. El Kremlin ha cerrado el grifo del gasoducto Nord Stream 1 hasta nuevo aviso.
Otro asunto que reclaman las empresas, desde la plataforma de la Alianza por la Competitividad de la Industria, es el de solucionar "la situación insostenible de la cogeneración". La UE ha aceptado la consideración de la Península Ibérica como isla energética para topar parte los precios del gas, pero la cogeneración ha quedado fuera de este modelo, que Portugal ya ha aplicado. En España, dos de cada tres plantas de cogeneración, que representan el 7% de la producción eléctrica nacional, han parado porque resultan deficitarias, ya antes de la citada subida de ayer.
La Alianza por la Industria también pide una exención del mecanismo de ajuste para los contratos de suministro de energía pactados a precios fijos antes del pasado 26 de abril, así como ayudas temporales de entre 2 y 50 millones por cada industria para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Alemania ya ha adoptado esta medida.
Donde se ha logrado dar un paso adelante es en el caso de las subastas de interrumpibilidad, que retribuyen a las empresas que detienen su actividad y que por tanto ceden su consumo de electricidad. El Gobierno reactivará estos procesos, según uno de los mensajes que ayer transmitieron en la comentada cumbre celebrada en Madrid tanto la vicepresidenta tercera y ministra de la Transición Ecológica y del Reto Demográfico, Teresa Ribera, como Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.
La petición en este ámbito es doble, porque incluye la extensión de la interrumpibilidad voluntaria al ámbito del gas. Hasta ahora, las empresas que han acudido a las subastas de electricidad han concurrido de acuerdo con el volumen de compensaciones ofrecido. En el caso de la siderurgia, por ejemplo, es más complicado porque la parada y posterior puesta en marcha de las instalaciones resulta más costoso que en otros procesos, y además acarrea la pérdida de una parte de la producción, porque hay que achatarrarla.
La lista de peticiones al Gobierno sigue con un plan de renovación de las flotas corporativas de vehículos, para sustituir las unidades impulsadas por combustibles fósiles por otras que circulan gracias a las baterías.
En el área de la financiación, la industria reclama un "acceso directo" a los préstamos para cubrir la financiación del circulante. Los balances están tensionados por la inflación de los costes energéticos y las empresas piden periodos de carencia e intereses preferenciales. Y en el lado medioambiental, procesos más fáciles para la valorización energética que propicia un menor consumo de combustibles fósiles.
Otro apartado de las reclamaciones de la Alianza por la Industria tiene que ver con las garantías en el suministro de gas. Ocurre que los buques que transportan Gas Natural Licuado (GNL) cambian de ruta de navegación y de cliente por una oferta de precio más alto, pese a que la carga ya la tenían previamente contratada.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española está integrada por las organizaciones Anfac y Sernauto, del sector de automoción, por AOP (refino) y por Aspapel (papel). También representa a Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas) y Oficemen (cemento). La lista se extiende Primigea (materias primas) y Unesid (siderurgia). Las propuestas de estas plataformas serán analizadas por el Gobierno para su posible inclusión en el plan de contingencia que tiene que remitir este mes a la Comisión Europea