La amenaza de que la sentencia del Constitucional propiciara un aluvión de litigios y de compensaciones a los contribuyentes ya había llevado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a advertir que barajaba pedir al Estado la compensación por la factura que les genere una legislación inconstitucional que les viene dada.

De hecho, horas antes de trascender el fallo, la Federación que dirige Abel Caballero ha emitido una declaración este jueves que incluye la petición de dotar un fondo de compensación a los ayuntamientos por las cantidades no recaudadas, y añade que “este concepto debe hacerse extensivo a las pérdidas de recaudación originadas por las anteriores Sentencias del Tribunal Constitucional”.

Se refiere a los fallos que este tribunal ya emitió contra el impuesto de plusvalía municipal en 2017, anulando la posibilidad de que se graven plusvalías inexistentes cuando el inmueble se traspase a pérdidas, y 2019, cuando cargó contra la confiscatoriedad de un tributo que también arroja liquidaciones superiores a la ganancia obtenida.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, trabaja contrarreloj para diseñar una modificación legal que permite mantener vivo el impuesto, garantizar los ingresos de los ayuntamientos y proporcionar seguridad jurídica en cuanto el fallo sea publicado.

En este sentido, el borrador de la sentencia del Constitucional ya establece algunas premisas sobre los pasos que podría dar el Gobierno para tratar de subsanar la inconstitucionalidad del impuesto. Básicamente se invita a modificar la ley para establecer algún tipo de cálculo de estimación directa del valor de la plusvalía generada.