Las nuevas normas del IVA sobre el comercio electrónico de la Unión Europea han entrado en vigor este lunes con el objetivo de adecuar el marco tributario comunitario a la realidad digital, favorecer los intercambios dentro del bloque e introducir una mayor transparencia en el precio de este tipo de operaciones. Pero, sobre todo, las arcas públicas lograrán ingresos extra calculados en unos 50.000 millones de euros en Europa, unos 5.000 millones de euros en el caso de España, según estimaciones de la UE. Serán Amazon, Aliexpress u otras plataformas de comercio electrónico las que supervisarán esa facturación y cobrarán el IVA al comprador para posteriormente ser abonado al Estado en el que resida el consumidor.

Las nuevas reglas del IVA sobre comercio electrónico fueron adoptadas entre 2017 y 2019 por los estados miembros y debían entrar en vigor el 1 de enero de este año, pero su estreno fue retrasado seis meses debido a la pandemia de coronavirus. Las modificaciones afectarán en particular a vendedores y plataformas en línea que se encuentren dentro de la UE y también en terceros países, a empresas de mensajería y correos, a las autoridades aduaneras y fiscales de los estados miembros y a los consumidores europeos, ha informado el Ejecutivo comunitario. Es una incógnita qué impacto tendrá en los precios finales y en comercios ‘on line’ directamente vinculados a las compras directas de particulares en China, como Aliexpress.

Uno de los principales cambios es que se eliminar la exención en el pago del IVA que tienen en la actualidad las mercancías con un valor inferior a 22 euros importadas a la UE por empresas no europeas. Bruselas argumenta que “se está abusando” de esta exención porque vendedores “sin escrúpulos” de terceros países “etiquetan engañosamente los envíos de mercancías como teléfonos inteligentes”. Por otro lado, la normativa armoniza el umbral volumen de negocio a partir del cual las empresas de comercio electrónico están obligadas a tener un número de IVA en un determinado país. Hasta ahora, cada país establecía su propia cifra, que una vez entre en vigor la normativa quedará fijada en 10.000 euros. De esta forma, las empresas de comercio electrónico con un volumen de negocios en un país superior a esta cifra tendrán que abonar el IVA de sus operaciones en el estado miembro en el que se entreguen los bienes, a los que se empezará a aplicar un umbral que existe ya para los servicios electrónicos desde 2019.

Para facilitar el procedimiento de venta entre socios comunitarios, los vendedores ‘on line’ tienen la opción inscribirse en un portal electrónico o ‘ventanilla única’ en la que “pueden dar cumplimiento a todas sus obligaciones en materia de IVA para sus ventas en toda la UE”. Eso abre la puerta al denominado despacho centralizado de mercancías a nivel europeo. La normativa causa preocupación en las empresas del sector aduanero. El hecho de que se pueda tramitar la gestión aduanera de cualquier país europeo desde cualquier empresa en la UE preocupa a los profesionales en España, que anunciaron en su momento que es posible la pérdida de 10.000 empleos en cuatro años.

El despacho centralizado europeo hace temer por trasvases de actividad de España a otros países, especialmente Holanda. El hecho de que empresas que operen desde Hamburgo o Rotterdam puedan gestionar mercancías que han llegado a Algeciras, Barcelona o Valencia causa tremendos recelos. Dado que el régimen de responsabilidad de las firmas aduaneras es menos duro en Países Bajos, Bélgica o Alemania, las consecuencias podrían hacerse visibles a final de año.