El encarecimiento de los precios, espoleado por la subida del coste energético, se ha convertido en una arrolladora ola que amenaza la capacidad adquisitiva de los españoles, el valor de sus ahorros, parte de los fondos consignados para en el Presupuesto General de 2022 y el vigor mismo de la recuperación económica tras la crisis del Covid-19. La cesta de la compra de este mes de octubre ha sido un 5,5% más cara que la de hace justo un año, según el dato adelantado del Índice de Precios al Consumo (IPC) anticipado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que subraya que este es el salto de mayor magnitud registrado desde 1992.

El INE destaca que “en este comportamiento destacan las subidas de los precios de la electricidad y, en menor medida, los carburantes y lubricantes para vehículos personales y el gas, frente a los descensos registrados en octubre del año pasado”. En todo caso, el IPC está acelerando su velocidad de incremento, con un avance del 2% mensual que supone más que doblar el ritmo de incremento del 0,8% detectado en septiembre. Es más, la cesta de la compra se está encareciendo incluso descontando los elementos más volátiles, como son los precios energéticos o de los alimentos no elaborado, como indica el IPC subyacente, que arroja un alza del 1,4% (frente al 1% del mes anterior). Aun así, la diferencia entre ambos indicadores es la más abultada desde 1986 lo que da idea del peso de la factura de la luz en el ascenso vertical de la inflación.

A diferencia de otras cifras macroeconómicas, el impacto de estas es directo y notorio sobre el bolsillo de los españoles. Supone, por ejemplo, una relevante pérdida de valor de sus ahorros, que han alcanzado máximos históricos durante la pandemia por las cautelas adoptadas para afrontar la crisis y la imposibilidad de efectuar los hábitos de consumo tradicionales. En concreto, los hogares españoles atesoraban 923.800 millones de euros en depósitos bancarios a cierre del mes de septiembre, según los registros del Banco de España. Pues bien, una inflación del 5,5% supone un menoscabo de unos 50.800 millones de euros en la capacidad adquisitiva real de dichos ahorros frente al valor efectivo que hubiera supuesto esa cifra un año antes. Incluso moderando el golpe al cálculo del IPC medio del año, en lugar del puntual de este mes, el ahorro de los españoles pierde unos 25.000 millones de su valor inicial.

De la misma forma, los sueldos españoles han perdido un importante poder de compra como consecuencia de la inflación. Así, tomando como referencia el incremento salarial pactado en convenio al cierre del mes de septiembre, del 1,46%, resulta que los 6,17 millones de trabajadores afectados han perdido más de cuatro puntos de capacidad de compra respecto al IPC de octubre. Resulta, además, que solo el 17% de los convenios de este año incluyen las llamadas cláusulas de garantía salarial, con lo que apenas un millón de esos trabajadores tiene protegido su poder de compra frente a los avances del IPC. La situación puede ser aún más peliaguda para los cerca de 14 millones de ocupados no cubiertos por los convenios citados.

Los economistas y analistas de casas como Funcas o Fedea ya vienen advirtiendo en los últimos meses que un fuerte repunte de la inflación, por temporal que pueda resultar, tendrá como consecuencia una reducción del consumo en términos reales, que puede terminar frenando la velocidad de salida de la crisis del Covid-19. La propia vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, reconocía este miércoles que la escalada de los precios y los cuellos de botella que se están produciendo en las cadenas de producción pueden poner en riesgo el vigor de la recuperación económica.

Por otra parte, el aparentemente imparable ascenso del IPC puede tener relevantes consecuencias sobre el margen de maniobra del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 que ha diseñado el Gobierno. Existen, después de todo, una serie de costes indexados a la inflación que se comerán mayor parte de los fondos públicos cuanto mayor sea la cifra del IPC. El caso más claro, y preocupante, es el de las pensiones, dado que la reforma impulsada por el Ejecutivo y que aún tramita el Parlamento indexa su cuantía a la inflación.

Los cálculos internos que maneja el Gobierno, según ha podido saber este diario, indican que el coste de revalorizar las pensiones ascenderá a 1.470 millones de euros por cada décima de incremento del IPC.