El Gobierno negociará con los agentes sociales en la segunda mitad de 2022 la subida paulatina de la base máxima de cotización durante los próximos 30 años, como parte de la reforma de pensiones. Una medida que fue comprometida recientemente con Bruselas y que abre también la puerta a un incremento de la pensión máxima de jubilación. Ahora bien, de esta subida de cotización para las rentas más altas que plantea el Gobierno, el 90% del aumento del coste laboral correrá a cargo del empresario.

Actualmente, la base máxima de cotización se encuentra en los 4.070,1 euros mensuales, cifra que lleva congelada los últimos tres años y que, previsiblemente, será revisada de cara al comienzo de 2023, según los planes expuestos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, esta subida que prepara el Ejecutivo con luz y taquígrafos también se ha producido en los últimos años, de forma silenciosa. De este modo, entre los 3.198 euros mensuales en los que se encontraba topada la base máxima de cotización en 2010 y los 4.070,1 euros en los que se sitúa actualmente, el aumento registrado en la última década es del 27%.

Más allá, de la nueva subida que prepara el Gobierno para dentro de dos años, nueve de cada diez euros los costeará el empleador. Al menos estas son las cifras que se extrae de un informe oficial elaborado en 2017 por el entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social dirigido por Fátima Báñez y remitido a la Comisión del Pacto de Toledo. En este documento se arroja el impacto de elevar en 1,5 puntos la cotización por contingencias comunes a todos los regímenes de la Seguridad Social: 3.497 millones de euros más al año de recaudación.

Aunque la clave del incremento de costes laborales que acarrearía la subida está en el desglose del gasto soportado por cada agente. Así, de la cifra anteriormente apuntada, hasta 2.621 millones de euros serían sufragados por el empleador, el 90% del total. Mientras que los trabajadores deberían aportar 275,2 millones de euros más. Otros 601,3 millones de euros corresponderían a las mayores aportaciones de los autónomos al Reta.

Cabe recordar, que el documento proviene de una petición de la Comisión entonces encargada de elaborar las recomendaciones para la actual reforma de pensiones, para saber qué supondría para el Sistema un destope total de la base máxima de cotización. Así, si se elimina a las bravas este límite hasta el cual la nómina de los trabajadores está sujeta a la cotización por contingencias comunes, el aumento anual de la recaudación por este concepto para la Seguridad Social ascendería hasta los 4.470,7 millones de euros.

“Eliminar el tope máximo de cotización y mantener el tope vigente para las prestaciones a corto plazo (IT y otras) y la pensión máxima, permitiría unos ingresos adicionales netos por contingencias comunes de 4.470,75 millones de euros al año”, apunta el documento oficial elaborado por los técnicos de la Seguridad Social sobre el eventual impacto económico de la medida.

De este documento, más allá, se extrae que si bien aún no es conocida la senda de aumento de la base máxima de cotización que planteará el Ejecutivo en la mesa de diálogo social para la reforma de pensiones con patronal y sindicatos -al margen de que se desplegará en un periodo de tres décadas- esta traslación del ejercicio hipotético se sostiene en el caso de la subida prevista por el Gobierno, que recaerá sobre las rentas altas, de a partir de 48.000 euros al año y que la mayor parte será sufragada por los empleadores y en menos medida por los trabajadores.