La presión fiscal española, comprendida como el peso de todos los ingresos públicos (incluyendo tanto impuestos como cotizaciones a la Seguridad Social) sobre el tamaño de la economía se situó en el 39,19% a cierre de 2019. Un total de 487.804 millones de euros, sobre un PIB de 1,24 billones. El porcentaje se situaba 7,23 puntos por debajo de la media de la zona euro, y aún a mayor distancia del 52,5% francés; el 46,7% alemán o el 47% italiano.

En 2020, la debacle económica desatada por el Covid-19 provocó pérdidas de hasta un tercio de la recaudación de todo el impuesto de Sociedades, rebajando los ingresos públicos hasta los 463.317 millones. Pese a ello, la presión fiscal aumentó con fuerza, en más de dos puntos, hasta el 41,3%. La explicación a semejante movimiento radica en que, aunque los ingresos descendieron con fuerza, algo más de un 5%, el tamaño de la economía con el que se compara se desplomó más del doble, casi un 11%. Como resultado, el peso de los recursos públicos sobre un PIB de 1,12 billones creció.

La principal causa de esta ruptura entre el comportamiento de la economía y los ingresos responde, según la Agencia Tributaria, a los incrementos de pensiones y salarios públicos aprobados el año pasado antes del inicio de la pandemia, permitiendo que el IRPF salga del peor año de crisis desde la Guerra Civil con un aumento de la recaudación. A su vez, los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) podrían haber jugado también cierto papel en la conservación de las rentas a gravar.

Esta situación no se dio en la crisis anterior, cuando el PIB cedió un 3,6% en 2009 y los ingresos cayeron un 8,6%, rebajando la presión fiscal a mínimos del 34,9%. El efecto de 2020 se agudizará este año, cuando las previsiones apuntan ya a un claro crecimiento. Sin embargo, las estimaciones del Gobierno y del FMI apuntan a que el avance del PIB será del entorno del 6,5%, insuficiente para recuperar las cotas perdidas, mientras que la expectativa de Hacienda y del Fondo es que la recaudación y las cotizaciones avancen por encima, superando incluso los niveles precrisis.

A falta de conocer los cálculos actualizados del Gobierno en materia de recaudación (que los remitirá a Bruselas a finales de mes con el Plan de Estabilidad para acompasarlos a la rebaja de previsiones de crecimiento recientemente publicada por Economía), el FMI prevé que España ingrese 499.767 millones este año y que el PIB remonte a los 1,19 billones. Como resultado, la presión fiscal alcanzaría un inédito 41,66%.

Esta cifra, así como la registrada a cierre de 2020, superan incluso la marca del 41,14% alcanzada en 2007 y recorta el diferencial con la UE a 4,76 puntos (solo uno por encima del mínimo, también en 2007). El umbral supone mirar ya más de cerca el 52% francés, el 46% alemán y el 47,9% italiano. De no tomarse medidas adicionales, sin embargo, el efecto comenzará a diluirse según avance la recuperación económica. El FMI estima que para 2026 la presión fiscal habrá vuelto a caer al 38,91% y el diferencial con la eurozona crecerá al 6,89%.

Es ahí donde entra en juego la reforma tributaria planteada por Montero, que además de acercar la presión fiscal estructural de España a la de sus países vecinos, debería ayudar a atajar el déficit público. Este es la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos, que el año pasado elevaron su peso del 42% al 52,28% del PIB (por la caída de este y por su alza de 523.441 a 585.290 millones), lo que junto al retroceso en la recaudación disparó el déficit del 2,8% al borde del 11%. El rebote de la economía rebajará la marca este año al entorno del 9% pero el FMI alerta de que si no se actúa seguirá un lustro por encima del 4% (por encima del 3% se considera déficit excesivo y la UE podrá pedir ajustes cuando reactive las reglas fiscales).