La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido en la Comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas de su primer año de gestión. Su intervención ha tenido una profunda carga filosófica sobre la modernización del mercado laboral español, pero, además, de ella se podría vislumbrar algún intento de reconstrucción de puentes con la vicepresidenta económica y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, con quien discrepa sobre el orden de contenidos que deberían tener las negociaciones para acometer esta modernización.

Díaz ha hecho hincapié en que el fin último de las negociaciones para reformar el mercado de trabajo son fruto de una «decisión mancomunada del Gobierno, sin matices», que se ha traducido en las 17 reformas comprometidas con Bruselas. En este sentido, ha establecido tres fases para la negociación de dichas reformas: la primera consistiría en cambiar «lo más urgente», dentro de lo que se ha referido a la contrarreforma laboral y a la subcontratación; la segunda fase, todo lo relacionado con «lo que más incidencia hace Bruselas» y tiene que ver con la estabilidad en el empleo y la «fuerte simplificación de la contratación» sin llegar al contrato único; y, una tercera fase para reformar las políticas activas.

Pero dicho esto, ha introducido una cuestión que podría interpretarse como una rebaja del tono de crispación entre ella y Calviño a la hora de determinar el orden de las negociaciones en materia laboral al equiparar en cierta forma las dos primeras fases –la primera defendida como prioritaria por ella y, la segunda enarbolada por Calviño– asegurando que ambas se harán este año. «No les voy a dar plazos, porque no es mi estilo, pero el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a hacer estas reformas y hay que hacerlas este año».

Si bien, la ministra de Trabajo al término de su intervención, sí ha respondido implícitamente a Calviño cuando la semana pasada dijo que no debía mirarse al pasado, en referencia a los cambios de la reforma laboral que persigue Trabajo, asegurando: «les aseguro que soy una mujer muy moderna y yo, mirar al pasado, lo justo».

Previamente, de su intervención inicial ante los diputados de la Comisión de Trabajo, también se podía vislumbrar un intento de reconstruir puentes con la vicepresidenta económica ya que Díaz puso en valor la redacción del «nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI», tal y como reclama una y otra vez la vicepresidenta económica. Esto, en su opinión, implica tres grandes cambios que ha citado por este orden: «generalizar la lógica del trabajo decente, empleo estable, digno y con derechos. Con fórmulas de contratación que sean claras, simples y que establezcan su carácter indefinido como norma»; en segundo lugar, lograr «una negociación colectiva equilibrada, donde las personas trabajadoras puedan colectivamente negociar de igual a igual sus condiciones»; y, finalmente, subir el salario mínimo interprofesional.

Analizando al detalle este esquema próximas negociaciones del mercado laboral podría interpretarse también este intento por rebajar el tono de la polémica. Para empezar, lejos imponer como primera y previa negociación la derogación de los aspectos de la reforma laboral de 2012 que desequilibraban la negociación colectiva y daban más poder a la decisión empresaria, Díaz citó estos cambios en segundo lugar. Antes, se ha referido a la necesidad, también exigida por Calviño, de simplificar el esquema de contratos de trabajo para que el contrato fijo sea el inicial por defecto. Y fue solo después de eso cuando sí abogó por reequilibrar las relaciones laborales.

Y, en tercer lugar, Díaz se refirió a otra pugna mantenida públicamente con Calviño: el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) que la titular de Trabajo defendía seguir aplicando en 2021 y la vicepresidenta económica logró postergar a la espera de ver cómo evoluciona la economía. En ese punto, Díaz sí mantiene que, «conseguir que el SMI alcance el 60% del salario medio es un objetivo de esta legislatura que seguro alcanzaremos».