La Comisión Europea quiere tener herramientas con las que responder si, de nuevo, una emergencia pone patas arriba el mercado único. Para eso ha aprobado este lunes una propuesta de reglamento y otra de directiva, en la que se contempla la posibilidad legal de que el Ejecutivo comunitario pueda asumir poderes especiales llegado el momento, señalando a las empresas prioridades en la producción, acelerando las entregas en el caso de algunas industrias, requiriendo información o fijando reservas estratégicas de bienes esenciales.

"Necesitamos nuevas herramientas que nos permitan reaccionar rápida y colectivamente. De modo que, cada vez que nos enfrentemos a una nueva crisis, podamos garantizar que nuestro mercado único siga abierto y que los bienes de vital importancia sigan estando disponibles para proteger a los europeos", ha señalado la vicepresidenta de la Comisión, la liberal Margrethe Vestager.

El planteamiento hecho por la Comisión no abarca todos los sectores económicos, ya que deja fuera a aquellos que ya están regulados por otras normas para cuando llegan las situaciones de emergencia. Es decir, las nuevas normas, una vez pasen por el filtro de los órganos legisladores de la Unión Europea (el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE), no afectará a los semiconductores, que ya están regulados por la Ley de Chips, productos y máquinas médicas o en cuestión de seguridad alimentaria.

"En las crisis de los últimos años, hemos trabajado duro para preservar el buen funcionamiento del mercado único, mantener abiertas nuestras fronteras y cadenas de suministro y garantizar la disponibilidad de productos y servicios. Pero debemos estar mejor preparados para anticipar y responder a la próxima crisis. En lugar de confiar en acciones improvisadas, el SMEI (siglas en inglés de Instrumento de Emergencia del Mercado Único) garantizará una mejor coordinación con los Estados miembro, ayudará a prevenir y limitar el impacto de una posible crisis en nuestra industria y economía", ha añadido el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

Este instrumento contempla la creación de dos situaciones de alerta. Una primera es la llamada de vigilancia, que se activaría por una decisión de la propia Comisión Europea y permitiría el seguimiento de las cadenas de suministros de los bienes y los servicios que se consideren de importancia estratégica. También se permite la creación de reservas de este tipo de productos y, además, facilitar la contratación pública para eso. Esta situación podría prolongarse durante seis meses y podría mantenerse o desactivarse, aunque el proceso de activación estaría sujeto al examen de los socios comunitarios.

Al siguiente nivel, el de emergencia, ya se llegaría por una decisión del Consejo de la UE, es decir, por los Estados miembro a propuesta de la Comisión Europea. Se llegaría a él cuando se supiera que la crisis puede tener un impacto severo sobre el mercado único. En este punto están contempladas medidas como la restricción a la libertad de movimiento de personas, bienes y servicios dentro de la propia UE, la exigencia de transparencia a los Estados miembro en sus informaciones y, llegados al último recurso, la exigencia de que las prioricen los pedidos que les llegan desde el sector público y, en caso de negarse, justificarlo con razones de peso. Como en el nivel de alerta previo, su duración sería de seis meses y podría prolongarse o no según las circunstancias.

Con su iniciativa, que aún debe recibir el plácet del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, Bruselas quiere poder establecer reservas estratégicas de determinados bienes esenciales y dotarse de poder y herramientas para impulsar la producción de productos básicos si estos escasean, aun a costa de obligar a las empresas a priorizar su producción siguiendo los dictados del Ejecutivo comunitario.

De hecho, será la propia Comisión la que determine de qué tipo de bienes puedan ser necesarias reservas. También podrá reclamar a los Estados miembros información sobre sus propias reservas y la confección de listas de objetivos, advirtiendo, en un lenguaje inusualmente expeditivo, de que "si no se alcanzan esos objetivos indicativos, pero el carácter crítico de las circunstancias así lo exige, la Comisión también podrá adoptar un acto de ejecución por el que se exija a uno o varios Estados miembros que constituyan reservas".

La Comisión Europea justifica la creación de este mecanismo por la necesidad de evitar disrupciones en la cadena europea de suministros en escenarios de crisis, como ocurrió, por ejemplo, durante la pandemia con las mascarillas y otros materiales sanitarios, cuando algunos países acapararon estos bienes y restringieron su exportación a otras economías del bloque. "La crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto que debemos lograr un mercado único operativo en todo momento, incluso en tiempos de crisis, y que debemos reforzarlo", afirmó ayer la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Margrethe Vestager.