Bruselas quiere dotarse de poderes para controlar las compras de empresas europeas por parte de compañías extranjeras que hayan sido subvencionadas por sus gobiernos. La propuesta de regulación se extiende también a la participación en concursos públicos. La medida, que mira directamente hacia Pekín, busca acabar con la competencia desleal de firmas dopadas con capital público. La Comisión busca rearmarse y poder vetar concentraciones empresariales y adjudicaciones públicas cuyo respaldo de un país foráneo pueda atentar contra el mercado único.

La poderosa área de Competencia, liderada por la vicepresidenta Margrethe Vestager, intenta ampliar su arsenal para nivelar el campo de juego en Europa. A pesar de que el borrador que este miércoles prevé hacer público la Comisión Europea no nombra explícitamente a China, la medida trata de poner coto a las compras que realizan las empresas estatales de ese país en un momento de tensión en las relaciones entre ambos bloques. En el último lustro, por ejemplo, el capital público chino se hizo con puertos y terminales de Grecia, España o Italia.

Bruselas quiere poner fin a la ventaja que tienen las empresas que tienen a un Estado detrás, ya sea con transferencias directas, préstamos o incentivos fiscales. Atendiendo a las preocupaciones de las patronales europeas, la Comisión cree que un subsidio no crea distorsiones, en ningún caso, si está por debajo de los cinco millones de euros durante tres ejercicios fiscales. A partir de ahí, las operaciones sí merecen ser examinadas.

El departamento que dirige Vestager obligará a notificar, según el borrador, las fusiones en las que una de las empresas estuviera establecida en la UE y tuviera una facturación de al menos 500 millones de euros y en que la compañía foránea hubiera recibido contribuciones financieras de más de 50 millones en los tres últimos ejercicios fiscales. Bruselas tendrá 25 días para decidir si abre una investigación en profundidad que podrá durar hasta tres meses.

Al finalizar ese análisis a fondo, Bruselas deberá decidir si da luz verde a la operación o si la prohíbe. Los servicios de Competencia tienen otra opción: dar una autorización condicionada a ciertos compromisos por parte de la compañía para enderezar la distorsión que puede crear en el mercado único. Entre esas concesiones puede estar la de devolver el subsidio que ha recibido de un tercer país, con los intereses correspondientes.

La otra gran área de actividad económica en la que Bruselas pone el foco es la contratación pública. La presidencia del Consejo, ahora en manos de Portugal, sigue buscando una posición común entre los Veintisiete para poder sacar adelante la propuesta que presentó el Ejecutivo de Ursula von der Leyen para vetar la participación en concursos públicos de empresas que procedan de países hostiles con las compañías europeas.

Bruselas da un paso más al tratar de evitar que las compañías foráneas respaldadas por capital público puedan romper la competencia en los procedimientos públicos. Por ello, la Comisión obligará a las empresas subvencionadas a que le notifiquen su participación en concursos públicos por valor de al menos 250 millones de euros. Ahí los plazos son más generosos. La Comisión tendrá 60 días para realizar una investigación preliminar y, si decide abrirla, otros 200 para una más a fondo. Tras ese análisis, puede decidir que esa empresa no puede ganar el concurso.