La Comisión Europea presentó este miércoles un titánico paquete legislativo en materia de transición verde que afectará a todos los ámbitos de la economía y la sociedad y que servirá para articular durante la presente década el camino que debería seguir la UE para desprenderse definitivamente del dióxido de carbono (CO2) en 2050. “La emisión de CO2 debe de tener un precio”, dijo a modo de resumen la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante la presentación del plan.

El Ejecutivo comunitario, en su propuesta Fit for 55, en referencia al objetivo de reducir las emisiones en 2030 al menos en un 55% respecto a 1990, da a conocer varias medidas de calado, como la prohibición de vender coches de combustión a partir de 2035 e ir reduciendo su impacto medioambiental hasta entonces; nuevas tasas impositivas al carbono; la obligatoriedad de que los edificios de viviendas sean sostenibles; y que un 40% del consumo bruto de energía provenga de las renovables, entre otros puntos.

Las 12 iniciativas elaboradas durante meses por Bruselas, en gran parte modernizaciones y revisiones de normas ya existentes, son las entrañas de esas aspiraciones verdes en un periplo hacia la sostenibilidad que requerirá grandes esfuerzos, pero que también aportará retornos y beneficios, según aseguró el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, en un alegato de solidaridad con las generaciones futuras.

Con este paquete, el Ejecutivo comunitario no solo pretende reducir las emisiones, sino que busca transformar gradualmente la sociedad en su conjunto y generar un crecimiento económico más sostenible. Se persigue, entre otras metas, reducir la dependencia energética de la UE, que gasta unos 27.500 millones de euros al mes en importaciones, y en particular de combustibles fósiles. Las propuestas, articuladas en centenares de documentos, tendrán que negociarse ahora con los Estados miembros, representados en el Consejo, y con el Parlamento Europeo. Estas son algunas de las que tienen más impacto.

La Comisión propone que en 2030 los nuevos vehículos emitan entre un 60% y un 90% menos de gases contaminantes que a día de hoy y que ya en 2035 no se venda ningún coche o furgoneta de combustión dentro de las fronteras comunitarias. Para ello, fomentará los modelos eléctricos y los de hidrógeno gracias a la fabricación de no menos de tres millones de surtidores eléctricos de acceso público para 2030, entre otras medidas. “El 20 % de nuestras emisiones sigue procediendo de nuestras carreteras”, declaró la comisaria europea de Transporte, Adina Valean, en la presentación de la gran propuesta legislativa.

Aunque se hará una revisión general del plan en 2028, no se esperan cambios hasta el final de la década para dar tiempo a la industria a adaptarse a la transición. Y aunque los coches de combustión podrán seguir utilizándose, Bruselas cuenta con que la flota que incluye a estos modelos se reemplace completamente para 2050, fecha en que todo el sector del transporte debería de haber reducido sus emisiones en un 95%. Desde la Comisión, han reiterado fuentes europeas, aseguran que la política climática no desindustrializará Europa, que tendrá tiempo de adaptarse a este nuevo marco.

Más allá de los coches y combustibles, según la propuesta, la aviación comercial tendrá que ir mezclando progresivamente biocombustibles con el queroseno, carburante que tendrá un nuevo impuesto, y todos los barcos que atraquen en puertos comunitarios tendrán que usar combustibles menos contaminantes. Entre otras medidas, para animar al uso de combustibles menos dañinos con el medio ambiente, Bruselas incentivará el uso de combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) en el sector aéreo mediante la exención de impuesto, beneficiándose de un tipo impositivo mínimo cero.

El plan incluye medidas para evitar una “fuga de CO2”, la forma técnica por la que los expertos se refieren al fenómeno en el que las empresas europeas más contaminantes podrían desplazar su producción (por ejemplo, de aceros, cemento o aluminio) hacia países cercanos que tengan acuerdos comerciales con la UE pero que sean menos estrictos en sus normativas medioambientales.