Las normas de buen gobierno en España fijan como objetivo prioritario la diversidad de género, de tal manera que el 30% de los integrantes del consejo de administración de una compañía deberán ser mujeres en 2020. Una meta de la que se encuentran actualmente lejos las sociedades españolas. “Estamos bastante estancados. El porcentaje de mujeres en las empresas que cotizan en el IBEX 35 es del 19,7%”, ha apuntado Sebastián Albella, presidente de la CNMV, durante la clausura de la conferencia Global Corporation Center, organizada por la Fundación EY y el IE Business School.

Además de esa posición de retraso resaltó el hecho de que solo el 4% de las mujeres en los Consejos de Administración son ejecutivas. “El resto son todas externas”, remarcó. Pero el principio de diversidad que marca el Código de Buen Gobierno va mucho más allá del género y establece objetivos de diversidad en la edad, que España tampoco cumple. “Los estatutos no deben marcar la edad máxima de un consejero, pero hay propuestas interesantes, como la promovida en Francia, que establece que un tercio no debe exceder de los 70 años”, ha apuntado.

En su opinión, las sociedades españolas están al mismo nivel que las del resto de países desarrollados: la edad media del consejo es de 60 años, frente a los 62 de EE UU o los 58 de media en Reino Unido, Francia o Italia. “Lo que hemos detectado es que en algunas cotizadas la media es de 69 años”, ha subrayado.

Albella aprovechó su intervención para criticar el excesivo sobredimensionamiento de los consejos de administración en España y reclamar un adelgazamiento. “El número de consejeros debería estar entre 5 y 15; la media en España es de 13,5. La cifra idónea sería entre ocho y diez. También reclamó mayor nivel de detalle tanto en las retribuciones a los consejos mediante planes de pensiones o instrumentos de ahorro a largo plazo como de la retribución variable que perciben.

En el acto también intervino, aunque por videoconferencia, el director general de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE, Pierre Poret, que reclamó un esfuerzo adicional a los consejos de administración de las sociedades para que impliquen a los inversores institucionales en el gobierno corporativo de las empresas. “Hay una reconcentración de la propiedad de las empresas. El 90% está en manos de inversores institucionales y es necesario implicarlos en las decisiones estratégicas”, apuntó.

Rafael Piqueras, secretario del consejo de Enagás, remarcó también la importancia de tener una política de buen gobierno alineada con los inversores. “Hasta hace pocos años, los grandes fondos de inversión eran pasivas en las juntas o no votaban. Ahora han pasado a ser activos y cuenta con el apoyo de los proxy advisors (asesores en materia de gobierno corporativo). De hecho, el 58% de los votos de la última junta de Enagas procedió de inversores institucionales”, ha subrayado.