Antonio Garamendi, su presidente, declaró el martes en Radio Intereconomía que los empresarios no se oponen a una subida del SMI hasta colocarlo en el 60% del salario medio de los españoles, pero que habrá que dejarlo para los dos siguientes años. El líder de los empresarios advirtió que una subida en estos momentos tendría efecto sobre la creación de empleo: “puede haber menos gente que entre en el empleo (…) Con la que está cayendo, es un momento muy delicado y hay que tener cuidado con las cosas que se tocan”, dijo.

Sin embargo, el Gobierno niega que exista tal relación entre el incremento del SMI y la menor creación de empleo. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, subrayó que dicho análisis “no se sostiene”, pues el SMI ha subido un 30% en los últimos años y, de no haber sido por la crisis que trajo la pandemia, “el empleo no se hubiera visto afectado”.

En el debate ya intervino el Banco de España que a principios de este verano presentó un informe que concluía que la subida del 22% en el SMI en 2019 pudo suponer que se dejaron de crear entre el 0,6% y el 1,1% de nuevos empleos, lo que equivaldría (el informe no lo cuantifica) entre 98.000 y 175.000 empleos. Garamendi insistió en que estos empleos perdidos afectan especialmente a sectores como el campo y otros colectivos vulnerables como jóvenes, algo en lo que también incide el Banco de España. Se podría extrapolar que cada punto de subida del salario mínimo podría restar entre 4.400 y 8.000 empleos en un año. El Gobierno ha propuesto una subida entre el 1,2% y el 2%, previsiblemente el 1,6%, pero no para todo un año.

De hecho, se ha abierto un nuevo frente de batalla entre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que defiende que el SMI se suba a partir de octubre, y el Ministerio de Trabajo que defiende que se apruebe con carácter retroactivo al 1 de septiembre. Moncloa ha preferido ponerse de perfil en este nuevo rifirrafe entre las dos ministras. Así, Isabel Rodríguez preguntada al respecto, se remitió al anuncio de Pedro Sánchez que declaró hace una semana que la subida sería “inminente”, pero la portavoz no aclaró si se aplicará en septiembre o surtirá efectos a partir de octubre.

Y aunque la pelea entre las dos vicepresidentas se lleva con discreción, desde Economía recuerdan que Calviño fue clara al situar en octubre la entrada de vigor y a sus palabras se remiten. En Trabajo no hay declaraciones oficiales, aunque los agentes sociales remarcan que seguían manteniendo la propuesta presentada por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en la mesa de negociación. Es decir, siguen con la idea de que el SMI suba con carácter retroactivo desde el 1 de septiembre.

La Comisión de expertos del Gobierno sobre el SMI calcula que actualmente, el salario mínimo (950 euros por 14 pagas, 1.108 euros por 12 pagas) equivale a un 90%-96% del 60% del salario medio (objetivo de convergencia en todos los países de la UE), después de que en los tres últimos años se haya subido un 30%. Eso hace que se haya producido una fuerte conversión hacia la media europea, respecto a 2018. En ese año, Eurostat calculaba que el SMI en España equivalía al 42% del salario medio y se situaba entre los países de cola. Lejos del 66% de Francia. Pero la posición de España ha variado desde ese año.