El Gobierno, el Banco de España, las entidades financieras y la consultora Oliver Wyman trabajan contra reloj para finalizar un marco estándar para establecer la tipología y el diagnóstico para que las empresas con necesidades de liquidez y solvencia derivados de la crisis sanitaria y económica por causa del Covid puedan recibir ayudas directas o de otro tipo, como la reestructuración de su deuda, dos vías distintas que tienen el mismo objetivo: evitar que caigan en los próximos meses pymes viables que se están ahogando por culpa de la coyuntura.

El objetivo es tener listo el marco antes de fin de mes para remitirlo a la Dirección General de Competencia europea, organismo que tardará más o menos un mes en analizar el plan y emitir una respuesta, tras la cual el Gobierno llevará al Consejo de Ministros su proyecto para ser aprobado a más tardar en abril.

De momento, está previsto que Oliver Wyman informe a la mesa de trabajo sobre el análisis que está elaborando hoy, viernes, para este fin de semana terminar de perfilar los trabajos sobre el montante de las ayudas directas necesarias para salvar a las empresas viables (las que no lo sean no recibirán ayudas), y establecer un plan común para la reestructuración de la deuda de estas sociedades.

Será en este análisis donde se incluyan las quitas que se realizarán a las empresas en función de su deuda, el volumen de los créditos participativos, destinados a las empresas de mayor tamaño, o la eliminación de ciertos gastos o créditos fiscales, entre otras medidas.

El informe realizado por Oliver Wyman, que ya trabajó con la banca y Economía en octubre para ampliar el plazo de los créditos ICO de cinco a ocho años y el periodo de carencia en un año más, está elaborado con los datos económicos de las empresas en poder de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (Cirbe), pese a que la consultora no tiene acceso a los nombres de las empresas. Oliver Wyman dejó de trabajar para la banca en noviembre, pero volvió a ser contratada en enero.

Aunque no será hasta que se ajuste este análisis cuando se comunicará el importe total de las ayudas, varias fuentes calculan entre 20.000 millones de euros y 30.000 millones de tope, dependiendo de si se incluyen nuevos fondos para la SEPI o no. Inicialmente se hablaba de menos de 10.000 millones de euros, pero la situación desde entonces se ha ido deteriorando, ya que no se contaba con una tercera oleada de pandemia tan drástica.

Fuentes conocedoras de las negociaciones entre Economía y la banca, que está representada en la mesa por las patronales AEB y CECA, mantienen que en estas ayudas hay que diferenciar las que serán ayudas puramente directas, es decir, aquellas que suponen inyectar fondos o subvenciones a una empresa para sobrevivir, y que saldrán de las arcas del Estado, y las que conllevan el establecimiento de reglas para la reestructuración de la deuda para sociedades, pymes y autónomos que han recibido créditos con aval del ICO. “Creo que se están mezclando los debates y la tipología de las ayudas”, explica un destacado experto que está al tanto de las negociaciones.