La Asociación de Fiscales (AF) ha reclamado una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que se tramite de forma paralela a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para reforzar la autonomía institucional de los fiscales, que asumirán la investigación penal, en las alegaciones sobre el borrador de la LeCrim que ha enviado al Ministerio de Justicia.

«Es absolutamente necesario exigir la aprobación de un nuevo EOMF que, al menos, se tramite de forma paralela al texto informado», ha dicho la AF en el escrito enviado al departamento de Juan Carlos Campo, aduciendo que «la figura del fiscal investigador exige un estatuto profesional bien definido y un reforzamiento de la autonomía institucional».

Además, la Asociación de Fiscales -la mayoritaria en la carrera- ha señalado que «el texto contiene previsiones que suponen una intromisión en la organización interna del Ministerio Fiscal y que, por lo tanto, deben venir reguladas en el EOMF, no en una norma procesal».

Por otro lado, se ha quejado de que la nueva Lecrim crea la figura del juez de garantías como tercero imparcial otorgándole «un papel de control, hipervigilancia y supervisión permanente de la actividad del Ministerio Público que excede con mucho de lo previsto en cualquier otro Código de Proceso Penal de derecho comparado», afeando que con ello «el legislador español parece recelar del Ministerio Fiscal español más que lo hace cualquier otro legislador del mundo» respecto al suyo.

La AF ha calificado de «paradójica» esta situación por cuanto «el Ministerio Fiscal español precisamente (…) lleva a gala como marca identitaria ser el único que en derecho comparado tiene asignada a nivel constitucional la promoción de la acción de la justicia –no de la injusticia– en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, y ello con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad».

En su opinión, «lo más censurable es que el anteproyecto no se preocupa tanto por la inacción del Ministerio Fiscal sino por erigir constantes obstáculos a la persecución razonable precisamente de los fenómenos delictivos más complejos que especialmente inquietan a la ciudadanía más sensible con la defensa de los intereses colectivos de probidad política y económica».

Si con ello se pretende enfrentar «la sospecha de un sector del Poder Judicial o de la opinión pública y publicada que se desprende de la combinación de lo establecido sobre el nombramiento del fiscal general del Estado y la relación de subordinación a éste de todos los miembros del Ministerio Fiscal», ha indicado, «la solución se encuentra en un trabajo de reformas en los planos estatutario y orgánico, no en el marco normativo procesal penal», ha insistido.