Con una tasa del 14,7%, el desempleo sigue siendo la principal preocupación de los españoles. Para intentar reducir esa cifra, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calcula que las administraciones públicas gastaron en 2017 entre 6.100 y 6.500 millones de euros en políticas activas de empleo (PAE). Sin embargo, reconoce que ese cálculo podría no ajustarse a la realidad debido a las dificultades para analizar con exactitud esta partida ya que para su análisis de revisión del gasto en esta materia (spending review), –el primero que se hace por parte del Gobierno de turno– no ha tenido datos suficientes y de calidad.

La Autoridad Fiscal (AIReF) pide un cambio profundo en las políticas activas de apoyo al mercado laboral. Todo ello con “una evaluación constante y sistemática de las políticas de empleo”. Así se desprende del informe sobre La evaluación de las políticas activas de empleo, que se presentó en Madrid.

La Autoridad Fiscal estima que el gasto en estas políticas está entre 6.100 y 6.500 millones de euros al año. No obstante, el órgano fiscalizador ha detectado que no funcionó el Plan Prepara, que tenía como objetivo la inserción laboral de parados de larga duración. “El programa no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral, fundamentalmente durante los 6 meses que dura la prestación”.

Hay que tener en cuenta que entre 2012 y 2017, hubo 850.000 beneficiarios, con un coste total de 1.432 millones de euros. Entre las recetas que la Autoridad Fiscal da al Gobierno para mejorar las políticas activas están las siguientes: un control estricto de que el desempleado recibe la formación adecuada para el puesto de trabajo que plantea la empresa.

“Revisar la subvención como instrumento de financiación, y colaboración público-privada pagando por eficacia”, por la colocación del desempleado. Otra propuesta es una revisión total de los Servicios Públicos de Empleo. Incluso, un sistema de financiación que permita conocer el recorrido de las políticas activas de empleo. Técnicamente, se conoce como “trazabilidad”.

La Autoridad Fiscal propone también incentivar con mejoras salariales a los funcionarios de las oficinas de empleo. “Cobro por incentivos”, “pagos por eficacia”.