La Autoridad Fiscal estima que prorrogar todo el año el paquete de medidas para paliar la guerra y la inflación elevará el déficit y hará que España incumpla las directrices de Bruselas. Extender el paquete actual costaría 18.500 millones a los que habría que sumar los 3.000 millones del último lote de medidas.

El proyecto presupuestario del Gobierno para 2023 "nace viciado" por "notables carencias". La dura acusación realizada el martes por la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, se sustenta fundamentalmente en dos grandes cifras. De un lado, en la estimación de la Autoridad Fiscal de que Hacienda está ocultando una sobrerrecaudación de 9.000 millones para este año, hasta superar en cerca de 30.000 los ingresos tributarios de 2021. De otra, según se desprende de la documentación remitida al Parlamento, en que el Presupuesto no contempla ni siquiera parcialmente los 21.500 millones de euros que, según calcula la Airef, costaría prorrogar durante todo el año el paquete de medidas para paliar el impacto económico que deja la guerra en Ucrania y que el propio Ejecutivo asume ya que deberá extender.

En primer lugar, la Airef cifra el impacto de las medidas del Plan Nacional de respuesta a la guerra para 2022 en un coste equivalente al "1,2% del PIB". La factura de los decretos de marzo, junio y agosto, concreta, es de 15.772 millones de euros sumando los 4.051 millones de pérdida de ingresos por la rebaja de la fiscalidad de luz y gas, los 4.531 millones de la bonificación de 20 céntimos por litro de carburantes, y los 7.190 millones del resto de ayudas a refugiados, hogares y empresas.

"Para 2023 el Gobierno ha anunciado la aprobación de nuevas medidas y/o la prórroga parcial o total de las ya aprobadas este año, lo que podría suponer un 1,3% del PIB de déficit adicional", prosigue la Airef, que cifra el coste inicial del paquete en 18.528 millones, a los que habría que sumar los 3.000 millones del lote adicional de medidas ante la crisis energética que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la pasada semana. De estos 21.500 millones, denuncia Airef, "únicamente se ha incorporado al Presupuesto la gratuidad en los abonos de transporte de Cercanías, Rodalíes y media distancia de Renfe", por 700 millones. El resto no cuenta con respaldo presupuestario.

Como consecuencia, y teniendo en cuenta la desaceleración económica que podría llevar el PIB a terreno negativo a finales de este año, la Airef teme que el déficit vuelva a incrementarse el próximo año tras las reducciones logradas desde que la factura de la pandemia lo disparara del 3% al 11% del PIB en 2020. En concreto, espera que el agujero fiscal caiga este año al 4,4% (frente al 5% previsto por el Gobierno debido a la sobrerrecaudación no declarada) para bajar en teoría al 3,3% en 2023, si bien la prórroga del paquete lo elevaría de nuevo al 4,6%.

Es más, la Airef teme que esta factura no contemplada, sumada al gasto social récord y la revalorización de las pensiones al 8,5% sí prevista en las Cuentas Públicas, lleve a España incumplir la recomendación de la Comisión Española para países con elevada deuda, como es el caso, de "limitar el incremento de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial a medio plazo". Según la medición que acabe imponiendo Bruselas, el rango de incremento permitido oscila entre el 3,1 % y el 5,1%. El Presupuesto español fija un alza del 3,6%, pero la prórroga del paquete anticrisis lo dispararía al 7% y le valdría una reprimenda comunitaria.

El Gobierno, por su parte, fía la financiación de la prórroga del plan al margen fiscal que provoque la sobrerrecaudación no declarada en Presupuestos, pero consignada en un escenario alternativo que sí recoge el Plan Presupuestario remitido a Bruselas que se limita, sin embargo, a 10.000 millones de margen extra.